La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), anunció la apertura de una subasta pública para otorgar el uso temporal de 21 predios demolidos en la carrera Séptima, entre calles 24 y 99. La medida busca evitar el abandono y la deterioración de estos terrenos, facilitar su aprovechamiento económico y mejorar la seguridad y el entorno urbano mientras se desarrollan las obras definitivas del corredor vial.
El proceso, que se realiza mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) bajo el código IDU-IP-DTAI-001-2026, estará abierto hasta el 23 de febrero de 2026. Podrán participar personas naturales, jurídicas, en consorcio o uniones temporales, ofreciendo actividades permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como restaurantes, cafés, comercio en containers y servicios que contribuyan a la seguridad ciudadana.
El aprovechamiento será por un período de tres años, prorrogable hasta el inicio de las obras definitivas, cuya licitación está prevista para finales de 2027. La selección se realizará mediante una subasta al alza, basada en un precio base determinado por la renta avalada por un avalúo. Los recursos generados de estas actividades se destinarán a mejorar el espacio público en la ciudad.
Los predios están agrupados en 14 lotes y actualmente permanecen cercados y vigilados para evitar invasiones, vandalismo o inseguridad. Según el director del IDU, Orlando Molano, esta estrategia busca optimizar el espacio y ofrecer opciones de uso temporal que contribuyan al bienestar ciudadano.
En otro aspecto, el IDU tomó control de la obra de la avenida Francisco Miranda, ubicada entre carreras Séptima y Quinta, tras la terminación del contrato con el consorcio Belzcon S.A.S., por incumplimiento en los avances. La firma solo ejecutó el 43.39 % de la obra y no cumplió con los plazos en la parte norte del proyecto. La entidad inició procedimientos legales para declarar la caducidad del contrato, que está en etapa probatoria, y aplicó sanciones económicas por más de 4.7 millones de pesos, además de una multa de más de 600 millones.
El director del IDU subrayó que, aunque la entidad garantiza condiciones justas para los contratistas, se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento para proteger el interés público, asegurando una correcta gestión y avance de las obras urbanas en la ciudad.
