Las calles de México siguen siendo un entorno inseguro para las mujeres dedicadas al trabajo sexual, quienes enfrentan agresiones y violencia en su labor cotidiana.
Durante el XXVI Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, Elvira Madrid, presidenta de la organización Brigada Callejera, afirmó que las promesas de la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no se han cumplido en materia de protección a las trabajadoras sexuales.
Madrid señaló que en varios estados del país, integrantes del crimen organizado o comerciantes exigen pagos conocidos como derecho de piso, para permitirles ejercer su actividad. Un caso ejemplar ocurrió en el parque Morelia, en Guadalajara, Jalisco, donde las trabajadoras son golpeadas si se niegan a pagar.
Responsables como Isabel Marisol Molina Anaya y Lourdes Lucía López Arce fueron señaladas por Madrid como responsables de estas prácticas. Además, en localidades como Cintalapa, Chiapas y Valle de las Flores, también se reportan cobros por tarjetas de salud municipales y servicios médicos.
Maricruz, una trabajadora sexual en Orizaba, Veracruz, criticó el atraso en la protección legal y sanitaria para ellas, señalando que los avances logrados en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y en la organización del sector se han visto afectados desde la administración del exgobernador Cuitláhuac García, con el crimen organizado controlando puntos clave y extorsionando a las trabajadoras.
También se reporta que mujeres extranjeras, como cubanas, venezolanas y haitianas que llegan a ejercer el trabajo sexual, son las principales víctimas de extorsiones y amenazas, incluyendo la deportación si no pagan.
Christian Gómez, enlace de la organización en Tapachula, Chiapas, explicó que muchas migrantes recurren al trabajo sexual debido a las restricciones migratorias y la pérdida de otras fuentes de ingreso causadas por el cierre de fronteras y la mayor vigilancia de Estados Unidos, lo cual también pone en riesgo su seguridad y estabilidad económica.
Madrid puntualizó que aún falta el reconocimiento integral de los derechos sexuales, laborales y la implementación de políticas públicas que protejan a las trabajadoras sexuales en México.
Asimismo, se abordó el impacto de la gentrificación, que ha reducido el espacio público destinado a estas mujeres, además del olvido institucional. La organización concluyó que, aunque haya una mujer en la presidencia, ello no garantiza derechos ni oportunidades iguales para todas, especialmente para quienes ejercen esta profesión, a quienes parecen seguir apartando del reconocimiento y protección necesarios.
