El presidente salvadoreño Nayib Bukele insistió este domingo en que la aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador no representa el fin de la democracia. Aseguró que las críticas internacionales se deben a que el país es «pequeño y pobre», y que su decisión se asemeja a la práctica de otros países considerados desarrollados.
El pasado jueves, el Congreso, controlado por su partido, aprobó rápidamente una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, eleva el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
En respuesta a las críticas de organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, Bukele escribió en su cuenta de la red social X que «el 90 por ciento de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta». Añadió con ironía que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, «de repente es el fin de la democracia».
El mandatario de 44 años, quien llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85 por ciento de votos, afirmó que las críticas no tienen fundamento. También cuestionó la diferenciación técnica entre sistemas parlamentarios y presidenciales, señalando que los argumentos de este tipo «no justifican un doble rasero».
Bukele sostuvo que, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con reglas similares a las de Reino Unido, España o Dinamarca, también recibiría críticas. Según él, el problema real es que un país pobre se atreve a actuar con soberanía, en lugar de seguir las instrucciones que le imponen.
Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), calificaron la reforma como un «golpe mortal» a la democracia y señalaron una manipulación de la Constitución para favorecer los intereses de Bukele.
Aunque el presidente mantiene altos niveles de popularidad por su lucha contra las pandillas, que inició en 2022 y logró reducir significativamente la violencia, grupos de derechos humanos critican duramente su política de seguridad basada en el régimen de excepción, que permite arrestos masivos sin orden judicial y limita libertades civiles.
La aprobación de la reforma se produjo en un contexto de aumento en las detenciones de defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha llevado al exilio a decenas de periodistas y activistas. Bukele, que asegura no importarle las etiquetas, continúa firme en su estrategia de consolidar el poder en medio de estas controversias.
