El incremento de dos pesos en la tarifa del transporte público en el Estado de México será insuficiente para superar la crisis del sector si no se frenan las operaciones de unidades irregulares. Así lo manifestó Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad, tras la publicación del acuerdo que fija la tarifa mínima en 14 pesos, vigente a partir del 15 de octubre.
López Nava explicó que este ajuste llega en un contexto adverso, marcado por precios elevados en combustibles, refacciones y seguros, mientras las tarifas permanecieron congeladas desde 2020. El representante del gremio señaló que la subida solamente representa un alivio limitado, pues su solicitud inicial era de 16 pesos para cubrir gastos operativos.
‘Es solo un respiro; estábamos hablando de un rescate de crisis. El Estado nos ajusta solo dos pesos, cuando nuestra expectativa era diferente. Respetamos la decisión, pero no soluciona el problema de fondo’, afirmó.
El delegado enfatizó que el éxito del aumento dependerá de que la autoridad actúe contra la competencia desleal y el transporte pirata, prevalente en zonas como el Valle de Toluca y el Valle de México, donde circulan vagonetas, taxis colectivos y unidades sin concesión que perjudican tanto a los transportistas legales como a los usuarios.
‘Si solo se sube la tarifa, no será suficiente. Se necesita una intervención real de la Secretaría de Movilidad, mediante fiscalización, sanciones e incluso revocación de concesiones cuando sea necesario’, añadió.
López Nava criticó la escasa supervisión sobre los permisos y rutas, que ha permitido la proliferación de servicios ilegales que evaden derechos e impuestos y operan sin medidas de seguridad. Los transportistas concesionados, por otro lado, enfrentan altas cargas económicas y responsabilidades.
Solicitó una coordinación entre las secretarías de Movilidad, Seguridad, Finanzas y Gobierno para retirar unidades irregulares que operan sin registro, condición indispensable para que el nuevo esquema tarifario funcione. ‘El transporte ilegal cobra más del doble de lo autorizado y sigue en crecimiento sin control. No podemos sostener un sistema sobrerregulado junto a otro fuera de control’, afirmó.
La resolución publicada por el gobierno estatal establece que los concesionarios deberán renovar sus unidades conforme a la vida útil, mantener seguros vigentes, capacitar a operadores y contar con cámaras de videovigilancia. También deberán adoptar la cromática Movimex antes de fin de año, canjear permisos por concesiones únicas y portar una pirámide tarifaria validada con holograma y código QR. Cobros fuera de lo autorizado serán sancionados o podrán revocar la concesión.
López Nava reconoció que estas obligaciones son importantes, pero reiteró que dependerán de una garantía de condiciones iguales por parte de la autoridad y del control efectivo sobre los prestadores ilegales. La Canapat revisará los detalles del acuerdo, especialmente los plazos, condiciones y mecanismos de supervisión.
El dirigente también señaló que plataformas digitales y motocicletas de reparto operan sin regulación, sin capacitación ni requisitos de seguridad, y en muchos casos, cobran tarifas superiores a las del transporte público. Pidió al gobierno estatal y federal revisar estas operaciones, ya que mientras el transporte concesionado está sobrerregulado, otros servicios no cumplen con obligaciones fiscales ni de supervisión.
Finalmente, López Nava afirmó que los empresarios del transporte cumplirán con las nuevas disposiciones, pero advirtió que el aumento tarifario no resolverá la crisis sin la eliminación del transporte ilegal y la aplicación equitativa de la ley.
