¿Sabías que el gobierno del Estado de México está evaluando la posible cancelación anticipada de contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Públicas Privadas (APP)? Desde 2007 y 2010, estas alianzas con la iniciativa privada han sido tema de debate, y ahora la autoridad busca entender si es viable y qué implicaciones tendría.
Todo comenzó cuando el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, confirmó que para cancelar estos contratos el Estado necesitaría al menos 10 mil millones de pesos para cubrir compromisos pendientes. Pero, ¡espera! Este tema aún está en análisis, y no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque involucra millones y millones de pesos que, en algunas áreas, como la red carretera, todavía están por cumplirse.
El Partido del Trabajo (PT) se manifestó enfáticamente, proponiendo que se revisen estos convenios, se exijan cláusulas de compensación y, si es posible, se rescindan para evitar pagar más por incumplimientos. La red vial, llena de baches, ha sido uno de los principales argumentos, ya que no han cumplido con el mantenimiento prometido.
Pero no todos quieren actuar sin cautela. El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que hay que proceder con mucho cuidado. Pablo Fernández de Cevallos, su coordinador, resaltó la importancia de analizar cada contrato y revisar el marco jurídico antes de tomar una decisión drástica. ¿Cancelar sería más costoso que mantenerlos? Es una duda que todavía no tiene respuesta definitiva.
De hecho, ya hay mesas de diálogo abiertas. Óscar Flores informó que el gobierno busca primero acuerdos para no perjudicar los intereses del Estado, y si estos no prosperan, analizar las acciones legales correspondientes. La prioridad es evitar pleitos que puedan terminar siendo más caros que el mantener los contratos actuales.
¿Por qué todo esto importa? Porque estos contratos, formalizados en 2007 y 2010, tienen una vigencia de entre 21 y 27 años. Incluyen proyectos esenciales como el mantenimiento de carreteras, caminos del sur, la construcción y operación de hospitales regionales en Zumpango, Toluca, Tlalnepantla y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. La inversión pública en estos proyectos asciende a miles de millones, con compromisos hasta 2032 y una carga financiera significativa que se mantiene en el horizonte.
El plan del gobierno es revisar cuidadosamente cada caso, entender quiénes son los dueños de estas APP y PPS, y buscar soluciones que concilién interés público y privado. La estrategia apunta a evitar mayores cargas económicas y a fortalecer estos proyectos en beneficio de todos.
¿Será posible encontrar un equilibrio? La respuesta aún está en proceso, pero lo que sí es claro es que la deliberación será larga y cuidadosa, para no acabar pagando más por errores del pasado.
