Las multas impuestas por el uso de acordeones en las elecciones judiciales no se justifican por la ilegalidad del material en sí, sino por el origen ilícito de los recursos utilizados para su producción, explicó la consejera Carla Humphrey Jordan. En entrevista con El Sol de México, Humphrey precisó que la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado lunes fue sancionar a las candidaturas que circularon propaganda con financiamiento desconocido, en cumplimiento a la prohibición constitucional de aceptar apoyos de terceros durante las campañas. "Lo que se votó fue que los acordeones eran ilegales porque no se conocía el origen de sus recursos; y como la Constitución prohíbe recibir apoyos de terceras personas, se sancionó a todos los candidatos que usaron ese material, sin importar si ganaron o no", explicó. Se trata de multas para 118 candidatos ganadores de la elección del 1 de junio, entre ellos el próximo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Loretta Ortiz, por supuestos beneficios obtenidos mediante estos acordeones. Humphrey Jordan afirmó que no existe una contradicción entre sancionar y validar los resultados electorales, pues son etapas distintas del proceso electoral. "No propusimos invalidar la elección, solo investigamos el origen de los recursos para estos materiales, además de establecer procedimientos para determinar quién financió páginas electrónicas donde se distribuyeron los acordeones y guías de votación", dijo. La consejera defendió además las cuantías de las multas, las cuales se basaron en un porcentaje del 10 por ciento del tope de gastos de campaña para cada candidatura, considerando el beneficio obtenido y no únicamente el gasto declarado. "La referencia fue el beneficio que estos materiales proporcionaron, y por eso la sanción varió según el perfil de cada candidato". Los candidatos tienen la opción de impugnar estas sanciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
