El próximo 25 de junio, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos” y cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, comparecerá ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en una audiencia que podría definir su destino legal.
Este encuentro representa un momento crucial en el proceso legal contra Caro Quintero, ya que la fiscalía estadounidense podría solicitar la pena de muerte o cadena perpetua en su contra.
De 72 años, Caro Quintero enfrenta cuatro cargos federales en Nueva York: dirigir una organización criminal continuada, dos cargos por conspiración para la distribución internacional de narcóticos —incluyendo cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína— y uso ilegal de armas de fuego para impulsar el narcotráfico. Sin embargo, el cargo más grave está relacionado con el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
El capo fue trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 en un operativo realizado por el gobierno mexicano, en el que se deportó a 29 narcotraficantes, en una acción que no fue etiquetada como extradición, lo que mantiene abierta la posibilidad de que se considere la pena capital.
En su primera comparecencia el 28 de febrero, Caro Quintero se declaró no culpable. Desde entonces, su caso ha experimentado varias tensiones legales, incluyendo un cambio en su equipo de defensa por un posible conflicto de intereses.
Actualmente, su representación legal está a cargo de los abogados Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, tras sustituir a Michael Vitaliano.
La audiencia de este miércoles, presidida por el juez Frederic Block, tiene como propósito principal que la fiscalía anuncie si solicitará la pena de muerte, decisión que requiere la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre las opciones, está que la fiscalía busque la pena capital en un proceso que podría prolongarse, dado que un jurado determinará tanto la culpabilidad como la condena.
También hay la posibilidad de que la fiscalía no defina su postura en esta audiencia, enfocándose en aspectos procesales y en la revisión de pruebas.
No se reportan acercamientos ni negociaciones preliminares entre la fiscalía y la defensa para un acuerdo de culpabilidad, como ha ocurrido en otros casos de narcotraficantes mexicanos.
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