El secuestro y asesinato de cinco mineros en Concordia, Sinaloa, y la desaparición de otros cinco en enero de 2026, evidencian la creciente infiltración del crimen organizado en el sector minero en México. La agresión ocurrió en un campamento de Vizsla Silver, una empresa canadiense, en un contexto de disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, como Los Chapitos y La Mayiza, sumado a niveles elevados de violencia, extorsión y desplazamiento en la región.
Este incidente no es aislado: diversos grupos criminales están expandiendo su control sobre yacimientos de oro, plata, litio y otros minerales en varias entidades del país. En Guerrero, la Familia Michoacana ha impuesto cuotas y recurrido a incendios para presionar a las minas, mientras que en Chihuahua, la mina Dolores de Pan American Silver suspendió operaciones por amenazas directas. En Sonora, la mina La Herradura, de Fresnillo PLC, requiere protección policial debido a robos y extorsiones persistentes. Además, un robo millonario de minerales valiosos ocurrió en Zacatecas en 2024.
En Querétaro, el CJNG participa en la extorsión y en la venta ilegal de mercurio, componente clave en la extracción de oro, que exporta a países de Sudamérica. Estos casos están respaldados por expertos como Víctor Manuel Sánchez Valdés y Emma Landeros, quienes explican las motivaciones que llevan a los cárteles a sumergirse en la minería mexicana.
Siete razones explican esta tendencia: primero, la minería es una fuente de ingresos masivos y constantes, con producción anual que supera los 330 mil millones de pesos; segundo, permite lavar dinero fácilmente mediante la integración de metales ilícitos en circuitos legales; tercero, presenta bajo riesgo de detección en comparación con delitos como el narcotráfico; cuarto, otorga control territorial y desplaza comunidades, mediante amenazas y violencia; quinto, diversifica las actividades criminales, fortaleciendo la resistencia frente a acciones del Estado; sexto, garantiza acceso a insumos y armamento, ya que muchos materiales importados terminan en manos de organizaciones criminales; y séptimo, funciona como mecanismo de presión social y represión de movimientos opositores.
Desde principios de la década de 2010, cárteles como Los Zetas y Los Caballeros Templarios establecieron esquemas de extorsión y apropiación de minas en Coahuila y Michoacán, motivando que otros grupos replicaran estas prácticas en estados como Guerrero, Sonora, Zacatecas, Oaxaca y Puebla. Las principales áreas mineras en México se dividen entre una en el norte, en disputa por el CJNG y organizaciones locales, y otra en el sur, dominada por la Familia Michoacana y aliados.
El fenómeno afecta a numerosas empresas nacionales e internacionales, incluyendo a firmas como Newmont, Fresnillo PLC, Pan American Silver y Alamos Gold, que enfrentan extorsiones, robos y desplazamientos. La minería mexicana genera cerca de 2.5 millones de empleos y contribuye con aproximadamente el 4.7% del Producto Interno Bruto, por lo que la infiltración criminal representa un grave riesgo para la industria, la seguridad de los trabajadores y las comunidades cercanas.
