La Cámara Federal de Casación Penal dictaminó la condena por lavado de activos a cuatro personas vinculadas a una organización dedicada a blanquear dinero mediante operaciones inmobiliarias y compra-venta de vehículos de alta gama en Mendoza. La decisión revoca la absolución dictada anteriormente por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, y ordena remitir el expediente a la instancia inicial para determinar las penas correspondientes.
El fallo, emitido por la Sala IV integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, se fundamenta en que los acusados utilizaban escrituras y documentos falsificados para registrar inmuebles a nombre de terceros y luego vender los bienes de buena fe. Entre los imputados, se encuentra Marcelo Fabián Rabel Cantos, a quien se le atribuye la conducción de la organización, y Andrea Emilia Marún Calderón, quien certificaba operaciones y daba apariencia de legalidad a las transacciones.
Según el fallo, Rabel Cantos adquiría inmuebles y autos —incluyendo tres propiedades y 16 vehículos de alta gama— con dinero no justificado por actividades económicas lícitas. La sentencia señala que el monto invertido en estos bienes superaba con creces sus ingresos conocidos, y que los acusados realizaban estafas y operaciones fraudulentas mediante poderes apócrifos y falsificación de firmas.
Las pruebas incluyen testimonios de víctimas de estafas, quienes relataron que fueron engañadas mediante la compra de propiedades y vehículos a través de poderes falsificados, y que en algunos casos, propiedades no eran de los vendedores y las transferencias se realizaron con documentos apócrifos.
El tribunal resaltó que Marún Calderón, actuando como notaria, tuvo participación activa en la certificación de documentos falsificados y en la formalización de transferencias fraudulentas. Además, Zamin Ezequiel Rabel, hijo del principal condenado, fue considerado partícipe secundario al permitir que su padre registrara bienes a su nombre, y David Sechter actuó como intermediario para ocultar la verdadera titularidad de propiedades.
Finalmente, la mayoría de los jueces decidieron remitir el caso para que se dictaminen las penas correspondientes, lo que implica una revocación de la absolución y una condena unificada, garantizando así el inicio de procesos penales en la instancia de juicio oral.
