En 2024, casi un millón de estudiantes en España estuvieron dados de alta en la Seguridad Social por realizar prácticas no remuneradas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2024 mediante el Real Decreto-ley 5/2023, busca ampliar los derechos de los jóvenes en el ámbito laboral, garantizando protección social y cotización para su jubilación. Sin embargo, para muchos, la realidad sigue siendo diferente.
María, estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense, inició sus prácticas en verano de 2023 en su ciudad natal, Soria. Durante dos meses, cubrió eventos y redactó noticias para un periódico local, tareas que aprendió a realizar tras su formación académica. Sin embargo, su experiencia se vio empañada por la falta de remuneración. Aunque sabía que las prácticas eran no remuneradas, ella considera que esta situación no es justa. "Se nota mucho cuando no recibes nada a cambio, y tampoco intentaron justificarse", explica.
Por otro lado, Miguel (nombre ficticio), estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, realiza prácticas curriculares en una start-up desde verano. Firmó un convenio con la empresa, confiando en que su formación estaría protegida. Sin embargo, su experiencia no difiere mucho de la de María: trabaja varias horas diarias en tareas que, según él, superan el tiempo que debería dedicar a sus prácticas, y tampoco recibe remuneración. La empresa ha justificado esto diciendo que los otros profesionales tampoco cobran, aunque Miguel duda de la veracidad de esa afirmación.
Ambos estudiantes están de alta en la Seguridad Social, una obligación que empezó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2024. La normativa, que distingue entre prácticas curriculares (integradas en el plan de estudios) y extracurriculares (voluntarias), apunta a proteger a los jóvenes, permitiendo cotizar y acceder a beneficios en caso de accidente. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que "esto supone una extensión de derechos para los más jóvenes, que son el futuro del sistema".
No obstante, la realidad de María y Miguel refleja que aún persisten condiciones precarias. La falta de remuneración y la carga laboral que iguala o supera la de empleados con contrato generan preocupación, especialmente ante propuestas europeas para prohibir las prácticas no remuneradas. Desde 2022, el Parlamento Europeo trabaja en una directiva que busca mejorar las condiciones laborales de los becarios, incluyendo medidas para evitar abusos y establecer normas mínimas, como la remuneración obligatoria en prácticas extracurriculares.
Se plantea también regular la duración de las prácticas prolongadas, que excedan los seis meses, y establecer mecanismos de control y reclamación para evitar que las prácticas sean utilizadas para eludir obligaciones laborales. Sin embargo, la directiva todavía será implementada, requerirá ajustes en las empresas y, en algunos casos, podría reducir la oferta de prácticas si los empleadores consideran que las nuevas reglas incrementan los costos.
Para Miguel y María, la esperanza está en que estas medidas se implementen y se hagan cumplir de manera efectiva. Ambos acuerdan que, independientemente de los cambios legales, no volverían a hacer prácticas sin remuneración. "Espero que el tema se regule, porque si no, estamos ante una forma de explotación laboral", afirma Miguel. María concluye: "No voy a volver a trabajar sin que me paguen".
El futuro de las prácticas en España dependerá de la puesta en marcha y seguimiento de estas nuevas normativas, y de si logran proteger realmente a los estudiantes frente a abusos y precariedad laboral.
