TOLUCA, Edomex., 14 de octubre de 2025.— La trágica muerte de 'Canelita', una perrita embarazada que cayó del segundo piso del centro comercial Galerías Toluca tras ser perseguida por guardias de seguridad, ha movilizado a la sociedad y generado un debate sobre el trato humanitario a los animales en espacios privados. El incidente expone la falta de protocolos adecuados para la atención y protección de animales, además de abrir caminos hacia acciones penales, civiles y administrativas contra responsables.
Testigos relataron que la perra buscó refugio en el estacionamiento del centro comercial debido a la lluvia, pero fue perseguida por el personal de seguridad y terminó precipitando al vacío. La indignación ciudadana llevó a una campaña digital exigiendo justicia por el maltrato y la implementación de políticas más humanas hacia los animales.
Una vecina de Toluca presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), argumentando un interés legítimo en que se esclarezcan los hechos y se responsabilice al personal de seguridad y a la administración del centro comercial. Expertos en derecho ambiental consideran también viable promover una demanda civil por daño moral colectivo, dado el impacto emocional y social que ha causado el caso.
Legalmente, el Código Penal del Estado de México establece sanciones desde tres meses hasta seis años de prisión para quienes causen la muerte o sufrimiento a animales domésticos o silvestres sin justificación. En casos como este, donde la muerte de 'Canelita' pudo deberse a negligencia o dolo, la Fiscalía tiene la facultad de abrir una investigación en áreas de Delitos Ambientales y Contra la Fauna para determinar responsabilidades.
Este incidente revela además una posible omisión por parte tanto de Galerías Toluca como de la empresa de seguridad contratada, quienes podrían ser responsabilizadas por falta de protocolos humanitarios y negligencia. La Ley de Protección a los Animales del Estado de México obliga a garantizar un trato digno y respetuoso, prohibiendo causar sufrimiento innecesario.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Toluca puede imponer sanciones administrativas que alcanzan hasta 5 mil UMAs —más de 500 mil pesos—, mientras que la Secretaría de Seguridad estatal podría sancionar a la empresa de seguridad por falta de capacitación y abuso de autoridad. Asimismo, el caso evidencia un vacío legal en la atención a animales callejeros en espacios privados, dada la ausencia de protocolos claros para actuar en emergencias dentro de centros comerciales y estacionamientos.
Entre las acciones que se contemplan están la posible apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, así como propuestas para reformar la ley y obligar a los espacios de acceso público a contar con protocolos de atención humanitaria y capacitación básica en manejo animal.
Organizaciones protectoras insisten en reconocer a los animales como seres sintientes, no como objetos, en línea con la jurisprudencia nacional e internacional. Si las autoridades actúan con firmeza, el caso ‘Canelita’ podría marcar un precedente que transforme la protección de los animales más vulnerables en el Estado de México, promoviendo un cambio profundo en las políticas y prácticas de bienestar animal en lugares privados.
