Este lunes 20 de octubre inicia en la Audiencia Nacional el juicio final del caso Gürtel, una de las tramas de corrupción más complejas en la historia reciente de España. La investigación más extensa desglosó la operación en 12 piezas separadas para esclarecer todas las conexiones. En esta ocasión, 21 acusados, incluyendo a los cerebros de la red, encabezados por Francisco Correa, y sus abogados, asesores fiscales y testaferros, comparecerán por delitos de fraude fiscal, falsificación documental, organización ilícita y lavado de dinero.
Este proceso marca el cierre de uno de los mayores escándalos que golpearon al Partido Popular, cuyo impacto llevó a la caída del gobierno de Mariano Rajoy tras la divulgación de las primeras sentencias en 2018. La fiscalía acusa a Correa y su equipo de esconder en el extranjero más de 30 millones de euros obtenidos mediante negociaciones fraudulentas en la concesión de contratos públicos irregulares. La Fiscalía solicita 77 años de prisión para Correa, quien actualmente mantiene su libertad y ha presentado una confesión en la que revela la existencia de una cuenta en Suiza llamada ‘Soleado’, y denuncia la participación de clientes ligados al aparato financiero y político, como Arturo Fasanay y Dante Canonica.
Correa, que durante años mantuvo un alto nivel de vida sin presentar declaraciones de renta, fue detenido en 2009 en Sotogrande, mientras que su contable, José Luis Izquierdo, fue arrestado en Madrid esa misma semana. La evidencia clave fue un pen drive con la contabilidad oculta, descubierto en uno de sus registros. Además, se ha revelado que Correa y sus asociados utilizaban empresas en España con accionistas en paraísos fiscales, con la ayuda de figuras como Ramón Blanco Balín, un reconocido experto en blanqueo y asesor fiscal, vinculado a altos cargos empresariales y políticos.
Entre los acusados también figura Antoine Sánchez, primo de Correa, y el empresario José Luis Ulibarri, condenado en otra pieza del caso. La investigación también revela que los partidos políticos, incluido el PP, habrían gestionado una caja B mediante la cual financiaron actividades internas y hasta reformas en la sede del partido en la calle Génova.
Hasta la fecha, los diferentes juicios realizados han llevado a casi un centenar de condenas, demostrando que la trama Gürtel involucró una estructura que penetró profundamente en las instituciones del Partido Popular. Ahora, tras casi dos décadas de investigación, la Audiencia Nacional tiene la oportunidad de cerrar un capítulo que marcó la política y la justicia en España, poniendo fin a una de las operaciones de corrupción más extensas y dañinas en la historia del país.
