Alrededor del 60 por ciento de los sistemas municipales en el Estado de México no pueden operar plenamente debido a la falta de apoyo de los ayuntamientos, pagos incompletos a sus integrantes y obstáculos en el acceso a servidores públicos, informó Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción mexiquense.
Hernández Flores reconoció que persisten graves rezagos en las administraciones municipales; de los 71 municipios representados, que conforman el 60 por ciento de los instalados, en su semáforo de operación se mantiene en verde, pero sin que necesariamente cuenten con las condiciones mínimas para cumplir con sus funciones.
«Es obligación legal de los cabildos permitir que los comités trabajen, firmar contratos de prestación de servicios, realizar los pagos correspondientes y exigir informes trimestrales de actividades. No es un asunto voluntario», aseveró.
La también integrante del CPC señaló que entre las principales dificultades de los comités destaca que no se les permite acceder a la información ni a los servidores públicos, además de que no se han cubierto en su totalidad sus prestaciones económicas. Tampoco se realizan sesiones de los comités coordinadores municipales -obligatorias y donde participan unidades de Transparencia, Contraloría Interna y el CPC local-, lo que impide llevar a cabo acciones efectivas contra la corrupción.
«Si no hay sesiones de comité, no puede haber acciones para prevenir, detectar o sancionar la corrupción. Solo un 40 por ciento de los sistemas funciona con normalidad», advirtió.
Adicionalmente, siete sistemas municipales están completamente desinstalados, lo que significa que no hay ningún integrante activo en ellos. A estos municipios, Aculco, Chalco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Morelos, Polotitlán y Santo Tomás, se les clasificó en semáforo rojo.
Hernández Flores explicó que la principal causa de la desinstalación no es el vencimiento de mandato, sino la falta de voluntad política. En estos municipios, los integrantes no tenían contratos de prestación de servicios o, en caso de existir, los ayuntamientos dejaron de pagarles durante hasta ocho meses consecutivos, lo que llevó a su renuncia.
Para reinstalar a los integrantes en los sistemas desactivados, los gobiernos locales deben regularizar los pagos pendientes o iniciar nuevos procesos de contratación, además de realizar una selección desde cero, pues las exintegrantes no pueden reelegirse según la ley.
La presidenta del CPC advirtió que los ayuntamientos que incumplan con estas obligaciones pueden ser sancionados administrativamente, ya que la responsabilidad recae en los presidentes municipales y sus cabildos. Como paso siguiente, se dará vista a la Contraloría del Poder Legislativo para que inicie los procedimientos correspondientes.
En 2024, ya se informó a Toluca, donde los integrantes también renunciaron por falta de pago, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna notificación formal en 2025, aunque los siete casos están en análisis.
A pesar de las dificultades, Hernández Flores resaltó que municipios con menos recursos, como San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán, han logrado mantener operativos sus comités, pese a los retos económicos y la falta de altas remuneraciones.
Por otro lado, reconoció avances en la coordinación entre instituciones, academia, ciudadanía, sector empresarial y medios de comunicación, que ha contribuido a fortalecer estos espacios de colaboración. Sin embargo, subrayó que aún persisten áreas críticas, como la voluntad política municipal, necesaria para que los comités funcionen adecuadamente, y la desconfianza ciudadana, que limita la participación de la población.
Además, la denuncia de casos de corrupción permanece baja, motivada por el miedo, la ausencia de mecanismos de protección al denunciante y la falta de profesionalización en el servicio público, lo cual fomenta una lógica de clientelismo político en los ayuntamientos.
