Vecinos y empresarios de Jilotepec, Estado de México, acusaron al Ayuntamiento de ejercer prácticas de abuso de poder, extorsión y amenazas bajo la administración de Rodolfo Nogués Barajas, quien asumió el cargo tras ganar las últimas elecciones. Las denuncias sugieren que las autoridades municipales imposibilitan la movilidad y la inversión en la región mediante multas excesivas y cobros no justificados.
Según Fredy Vázquez Germán, uno de los afectados, el personal de tránsito del municipio continúa hostigando a los conductores, imponiendo multas que superan los mil 500 pesos por estacionarse en lugares prohibidos. Vázquez criticó que las sanciones sean excesivas y que, además, se amenace a las mujeres con encarcelamientos y el depósito de sus unidades en el corralón si no realizan pagos inmediatos.
Empresarios locales también reportan presiones indebidas por parte del Ayuntamiento, especialmente en torno a permisos cuyo cobro no está claramente establecido. Antonio Jiménez Rodríguez lamentó el desorden en el centro del municipio y sugirió la implementación de parquímetros para regular el estacionamiento y evitar abusos.
Por su parte, Carlos Flores Aldana advirtió que estas medidas pueden tener un impacto negativo en la imagen del municipio y en su potencial turístico, afectando la afluencia de visitantes.
Asimismo, los operadores de carga han denunciado que en zonas como el panteón municipal, camioneros son detenidos constantemente para exigir pagos, en un acto que califican como extorsión a pesar de ser competencia de las autoridades municipales, y no de tránsito.
José de Jesús Rivas Montero acusó que el Juzgado Cívico funciona, en su percepción, como una oficina recaudadora, intimidando a los ciudadanos para que paguen por daños a propiedades que pertenecen a la Junta de Caminos, incluso en situaciones donde no hay daños reales.
Las denuncias, difundidas a través de redes sociales y espacios públicos, coinciden en señalar un abuso de poder que genera malestar en la ciudadanía. Aunque las autoridades municipales aún no han dado una postura oficial, la comunidad exige una operación similar a la 'Operación Enjambre', llevada a cabo en Tequila, donde el alcalde fue encarcelado por vínculos con la delincuencia organizada, para combatir estas prácticas y restablecer la confianza en su gobierno.
