La presidenta Claudia Sheinbaum anunció formalmente la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de promover consultas, debates y propuestas para transformar el sistema electoral mexicano.
Durante la conferencia matutina, el presidente de la comisión, Pablo Gómez, informó que los primeros resultados de las encuestas de consulta ciudadana estarán listos en octubre y que, para enero de 2026, se entregarán propuestas de reforma al Ejecutivo federal.
Gómez Álvarez explicó que las tareas principales de la comisión incluyen organizar foros y debates públicos en diversas ciudades del país con la participación de ciudadanía, organizaciones civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, investigadores, órganos electorales y judiciales, entre otros actores sociales. Además, se habilitará un portal web para que las personas puedan enviar sus participaciones.
Entre los temas que abordarán los debates figuran libertades políticas, representación popular, sistema de partidos, financiamiento político, fiscalización en campañas, efectividad del voto, libertad de expresión, propaganda, sistemas de votación, requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios y mecanismos de revocación de mandato.
La creación de la comisión fue decretada el 4 de agosto pasado en el Diario Oficial de la Federación, con Pablo Gómez, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, como su titular. La integración del órgano incluye a los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica, la Oficina de la Presidencia, y otros altos funcionarios.
Gómez resaltó la importancia de la reforma electoral ante los cambios profundos que vive México, como el proceso de reforma judicial que fortalece la democracia mediante la elección del Poder Judicial por la ciudadanía.
El decreto establece que la comisión tendrá como objetivo convocar al pueblo a expresar sus opiniones sobre la reforma electoral, realizar los estudios y análisis necesarios, proponer soluciones, formar grupos de trabajo y elaborar su reglamento interno. Todo ello en un proceso que busca fortalecer la participación social en la transformación del sistema electoral nacional.
