La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional con el fin de reforzar la lucha contra el delito de extorsión. La propuesta busca crear una ley general que unifique las tipificaciones, sanciones y mecanismos de investigación en todo el país, permitiendo una respuesta más efectiva y coordinada.
A través de un oficio dirigido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sheinbaum propone modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para que el Congreso tenga claras facultades para legislar en materia de extorsión, de manera similar a como ya lo hace en delitos como el secuestro, la trata de personas y la tortura.
Actualmente, la regulación del delito varía entre el Código Penal Federal y los códigos de cada estado, lo que ha generado diferencias sustanciales en las penas, multas y modalidades. Por ejemplo, mientras el Código Federal contempla penas de 2 a 8 años de prisión, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años, y en Chihuahua alcanzan hasta 30 años. Las multas también difieren, con sanciones que van desde 36 mil hasta más de 690 mil pesos.
La complicada fragmentación jurídica debilita la capacidad de respuesta del Estado ante un delito cada vez más frecuente y sofisticado. En 2024 y lo que va de 2025, estados como Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de las víctimas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa plantea que, si se aprueba, el Congreso expida en un plazo de 180 días una ley general en materia de extorsión que establezca, como mínimo, reglas claras y unificadas. Además, busca fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para frenar el crecimiento de esta problemática.
Mientras tanto, las leyes locales actuales seguirán vigentes hasta que la nueva normativa entre en vigor. La propuesta responde también a alertas previas, como la del Observatorio Nacional Ciudadano en 2022, que advirtió la falta de herramientas legales y operativas para enfrentar las nuevas formas de extorsión.
Con esta iniciativa, Sheinbaum pretende que el combate a la extorsión se convierta en una prioridad nacional, con una estrategia jurídica unificada y una mayor capacidad de respuesta del Estado mexicano.
