Una clínica dedicada al turismo médico ubicada en El Poblado, Medellín, enfrenta una denuncia penal por presunta estafa contra sus socios provenientes del Reino Unido, según informó El Tiempo. La disputa judicial involucra a Colombia Care, empresa especializada en tratamientos de injertos capilares, terapias regenerativas, odontología y medicina general, que actualmente está bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Durante los últimos años, Medellín ha experimentado un notable crecimiento en el sector del turismo médico, atraído por la oferta de procedimientos clínicos y estéticos a menores costos en comparación con otros países. Colombia Care, con sede en el piso 12 del edificio Q Office, se consolidó como un actor relevante en este mercado.
En 2024, la totalidad de la clínica fue adquirida por una firma del Reino Unido, mediante un contrato que incluía una transferencia inicial de 16,000 dólares para cubrir los gastos operativos, de acuerdo con registros ante la Secretaría de Salud de Antioquia. Aunque la clínica está habilitada para ofrecer diversos servicios médicos, las actas empresariales de diciembre de 2025 aún consignan como principales accionistas a los fundadores Nicholas Lachellier y Gabriel Kenz-Ali Boubekeur.
Esta inconsistencia generó inquietud entre los inversores británicos, quienes detectaron discrepancias entre lo pactado en el contrato de adquisición y la documentación oficial de la empresa. La gestión financiera, bajo la figura societaria de la clínica, presentaba irregularidades, agravadas por la aparición de bloqueos preventivos en las cuentas bancarias controladas por los inversores en diciembre de 2025.
El representante británico, León, viajó a Medellín para solicitar informes financieros y auditar las operaciones, pero fue interceptado por seguridad privada en las oficinas de Colombia Care tras intentar confrontar a uno de los antiguos propietarios, Lachellier. Este episodio culminó con su expulsión del edificio y advertencias como: 'si yo fuera usted no me quedaría mucho tiempo en Medellín'.
Luego de estos hechos, León y su equipo regresaron a Europa y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por delitos que incluyen estafa, constreñimiento ilegal, hurto y acceso indebido a sistemas informáticos. La denuncia señala que los inversores han perdido control no solo de la sede física, sino también del software médico y otros activos adquiridos, además de detectar transferencias inusuales desde cuentas conjuntas.
Asimismo, se reportan irregularidades en el proceso de habilitación de la clínica ante las autoridades sanitarias, con posibles duplicidades en la documentación registral que contravienen la normativa vigente. La firma legal de los inversores continúa reuniendo pruebas para sumar cargos por falsedad de documentos y fraude procesal.
Mientras avanzan las investigaciones, la operación de la clínica en la sede sigue en funcionamiento, en tanto la Fiscalía profundiza en el caso.
