La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su rechazo a la reciente designación de José María Balcázar como presidente encargado de Perú, advirtiendo que esta decisión genera 'legítima alarma' en vista de antecedentes y declaraciones previas del ahora jefe de Estado. La organización consideró que su elección, realizada en una sesión del Congreso que contó con 60 votos a favor, compromete los derechos fundamentales, especialmente los vinculados a la infancia y adolescencia.
El pronunciamiento fue divulgado en la cuenta oficial de la CNDDHH en X (antes Twitter), horas después de que el Pleno del Congreso seleccionara a Balcázar en segunda vuelta, tras una jornada marcada por negociaciones y alianzas estratégicas. La organización recordó que la elección ocurrió en un contexto político complejo, con una votación que diferenció claramente entre los candidatos de Perú Libre y Acción Popular.
La organización cuestionó las declaraciones de Balcázar en 2023, cuando manifestó su rechazo a un proyecto de ley para anular el matrimonio infantil en el país y afirmó que las menores de edad deberían mantener relaciones sexuales tempranas, argumentando que esto podría beneficiar su bienestar psicológico. Estas declaraciones, afirma la CNDDHH, contradicen los estándares internacionales y la normativa constitucional de protección infantil.
Para la CNDDHH, esas expresiones no son hechos aislados, sino indicativos de una postura que vulnera los derechos de la infancia y contradice la obligación del Estado de garantizar la protección de derechos fundamentales. La organización recordó que Perú es signatario de tratados internacionales que obligan a prevenir prácticas que atenten contra los derechos de niñas y adolescentes.
Hasta la fecha, Balcázar no ha emitido una rectificación oficial ni ha presentado una postura clara que contrarreste sus declaraciones anteriores. La CNDDHH hizo un llamado a partidos políticos y líderes para que asuman compromisos firmes en la protección de la niñez, enfatizando que la defensa de los derechos infantiles es una responsabilidad constitucional y un pilar del Estado democrático.
