La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2025 dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), tras concluir que dichas dependencias vulneraron los derechos de una trabajadora a vivir una vida libre de violencia y a ejercer su empleo.
Según una ficha informativa, el caso se remonta al 8 de enero de 2025, cuando la CNDH recibió una queja de la entonces coordinadora general de Centros Penitenciarios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), quien denunció su cese injustificado tras la fuga de un interno del Centro Federal de Readaptación Social número 1 (Cefereso 1).
A pesar de que sus funciones eran principalmente administrativas y no tenía presencia en el penal al momento de la fuga, la Segob la removió del cargo. Posteriormente, la entonces Procuraduría General de la República —hoy Fiscalía General de la República— inició una averiguación previa que fue irregular, la cual derivó en su consignación y encarcelamiento por evasión de presos.
Simultáneamente, la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción, la inhabilitó por diez años para ocupar cargos públicos.
La CNDH evidenció que la víctima fue la única funcionaria de alto nivel sancionada, mientras que otros servidores públicos, de igual o mayor jerarquía y todos hombres, no enfrentaron proceso ni ceses. Para el organismo, esta diferenciación constituye un acto de violencia institucional con perspectiva de género.
Como medidas de reparación, la CNDH ordenó a las instituciones:
- Que la Segob ofrezca una disculpa pública a la víctima, mediante un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional.
- Que la Secretaría Anticorrupción gestione la posibilidad de que la afectada pueda volver a ejercer un cargo en la administración pública federal, si así lo decide.
La Recomendación 118/2025 ya fue notificada a los destinatarios, de acuerdo con el comunicado oficial.
