El colectivo Haz Valer Mi Libertad, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y otras organizaciones anunciaron una propuesta para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México con el objetivo de que también aplique en casos relacionados con delitos de alto impacto.
Estas organizaciones denunciaron que en estos procesos se han documentado violaciones al debido proceso y fabricación de culpables, lo que hace necesaria una modificación legal. En línea con esta iniciativa, lanzaron la campaña Susurros de Libertad, que recorrerá escuelas, comunidades y espacios organizativos dentro y fuera de la entidad, para compartir testimonios, proyectar documentales y ofrecer herramientas jurídicas a familiares de personas privadas de la libertad.
Durante la presentación en Toluca, señalaron que la ley actual excluye a quienes son acusados de delitos considerados graves, pese a que sus expedientes evidencian fallas en las investigaciones y falta de pruebas científicas. Cuestionaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúe sosteniendo acusaciones infundadas y deteniendo a personas sin garantizar procesos justos.
María Luisa Montoya, vocera del colectivo, afirmó que las fallas comienzan desde el Ministerio Público, que no realiza investigaciones exhaustivas y criminaliza la pobreza, fabricando delitos y buscando estadísticas en lugar de justicia.
Hasta ahora, Haz Valer Mi Libertad ha documentado solo dos casos de personas liberadas en procesos relacionados con delitos de alto impacto: Daniel Plácido, quien fue exonerado por reconocimiento de inocencia, y Longino Celestino Zetina, liberado por amnistía tras la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México debido a la falta de perspectiva intercultural en su proceso por ser indígena.
Los activistas enfatizaron que estos casos comparten patrones de fabricación de delitos y que, por ello, deben considerarse en la reforma para que la ley abarque también delitos de alto impacto, pues muchas personas inocentes permanecen en prisión por delitos que no cometieron. Rechazaron las ideas de algunos legisladores y defendieron que la ley debe construirse con base en las experiencias de quienes han sufrido injusticias.
Asimismo, denunciaron que existen casos sin resolución, incluso entre los primeros 25 pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos estatal de administraciones anteriores, algunos con libertades otorgadas y otros sin seguimiento.
También alertaron sobre traslados a penales federales como represalias contra quienes han alzado la voz o denunciado irregularidades, situación que rompe vínculos familiares y dificulta la defensa legal, por lo que solicitaron su regreso a penales cercanos a sus comunidades.
Montoya expresó que, si bien algunas liberaciones se han logrado, aún hay muchas mujeres y familiares que no han recibido respuestas y continúan con sus seres queridos presos. La campaña Susurros de Libertad incluye actividades en escuelas, comunidades y sedes organizativas, donde se proyectarán documentales y se impartirán talleres para aprender a leer expedientes, detectar irregularidades y fortalecer la defensa.
La estrategia busca que más personas conozcan sus derechos y puedan identificar posibles abusos legales. Montoya indicó que recorrerán los lugares donde fueron trasladados los presos para brindar mayor información y prevención.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en 2021, se han presentado más de 10 mil solicitudes. De ellas, alrededor de 3 mil 818 se tramitaron ante la Comisión de Derechos Humanos y 6 mil 300 ante el Poder Judicial, que ha resuelto alrededor de 3 mil 120 casos hasta junio de 2025. La Comisión solo ha aceptado 18 solicitudes, aunque ha remitido 23 casos, logrando resultados favorables en 19.
Las organizaciones defienden que la ley debe actualizarse para incluir delitos utilizados actualmente para fabricar culpables, basándose en testimonios de centros penitenciarios y acompañando a personas afectadas. Actualmente, Haz Valer Mi Libertad sigue el caso de 19 personas presas injustamente, y continúa recibiendo nuevas solicitudes con el objetivo de ampliar su atención y promover una reforma que limite la discrecionalidad en los procesos judiciales.
