La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según el auto notificado el 17 de febrero de 2026. La investigación apunta a los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto por supuestas violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades durante la emisión de la sentencia del 14 de octubre de 2025, cuya lectura se realizó el 21 de octubre del mismo año. La notificación fue entregada al ciudadano que presentó una queja por las supuestas irregularidades, y cualquier comunicación futura deberá realizarse por canales electrónicos institucionales, respetando las normas legales de transparencia. Previamente, la misma persona presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la participación de un magistrado impedido en el fallo anulado vulneró derechos fundamentales y alteró el proceso. Sin embargo, la Corte concluyó que la tutela no tenía legitimación en la causa porque no se evidenció daño directo ni representación válida, rechazando la acción por falta de legitimación activa. La apertura de la investigación disciplinaria se realiza en el marco de las facultades del control institucional, con el objetivo de determinar si hubo incumplimiento en los deberes de los magistrados relacionados con la sentencia absolutoria. La fase investigativa no anticipa responsabilidades, sino que permitirá recopilar pruebas, verificar hechos y evaluar posibles faltas disciplinarias. Este procedimiento forma parte del canal adecuado para examinar presuntas irregularidades en el desempeño judicial y continuará con etapas de pruebas y valoración, tras las cuales se decidirá sobre la responsabilidad de los magistrados en relación con el fallo en el proceso contra Uribe Vélez.
