¿Alguna vez te has preguntado cómo una mala administración financiera puede paralizar el crecimiento de un pueblo? En Chimalhuacán, Estado de México, esa realidad se ha vuelto una dura certeza. Desde 2016 hasta 2021, el municipio adquirió una deuda pública que ahora supera los 622 millones de pesos.
Pero, ¿qué significa eso para sus habitantes? A pesar de que en los últimos casi diez años solo se ha logrado saldar el 36 por ciento de esa deuda, la carga financiera sigue ahogando las posibilidades de inversión y mejoría en servicios básicos.
La alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez, asegura que las finanzas del municipio están ordenadas y que no se han hecho nuevos préstamos. Sin embargo, reconoce que la inversión en obra pública, infraestructura y servicios ha sido muy limitada, ya que los recursos deben destinarse principalmente al pago de una deuda que no es de su administración.
¿De dónde salió esta deuda? La misma alcaldesa explica que fue heredada de dos gobiernos anteriores, ambos ligados a la agrupación Antorcha Popular: Rosalba Pineda Ramírez (2016-2018) y Tolentino Román Bojórquez (2019-2021). En sus gestiones, estos exautoridades solicitaron créditos que sumaron más de 622 millones de pesos, duplicando las deudas anteriores y comprometiendo a la administración actual.
Desde 2022, la actual administración, bajo el movimiento Morena, solo ha podido pagar 36 por ciento del total debido a que la prioridad presupuestal ha sido el pago de la deuda en sí misma. Esto ha provocado retrasos en la compra de patrullas, en la rehabilitación de calles y en proyectos para la comunidad.
Mientras tanto, Chimalhuacán continúa pagando un costo alto por una deuda que no generó, pero que limita severamente su desarrollo. La inseguridad, la falta de agua potable, las obras de movilidad y los programas sociales siguen siendo afectados, impidiendo que sus habitantes disfruten de una mejor calidad de vida. ¿Hasta cuándo podrán solucionar esta herencia que ahoga su futuro?
