A pesar de los esfuerzos de los comuneros de San Juan Atzingo, en Ocuilan, el bosque de agua, ubicado en la zona sur del Estado de México limítrofe con Morelos, sigue siendo objetivo de los tala bombas ilegales, quienes han desangrado estos recursos naturales sin que las autoridades actúen con eficacia. La noche de este martes, un grupo de veinte habitantes realizó labores de vigilancia y sorprendió a un grupo de talamontes cargando madera en una camioneta trocera. Ante la presencia, los agresores dispararon, logrando herir a uno de los comuneros y quemando una de las unidades. Al regresar a su comunidad, fueron atacados nuevamente en la carretera entre Santa Marta y Santa Lucía, en un punto donde ya los esperaban otros taladores. La intervención de las autoridades municipales, estatales o federales fue mínima, ya que la Dirección de Seguridad Pública informó que llegaron a las 20:20 horas, pero no encontraron el conflicto activo y solo reportaron cinco personas lesionadas, todas de Santa Lucía. El presidente del Ayuntamiento Indígena, Eduardo González Gómez, reveló que de las más de 12 mil hectáreas del bosque comunal, al menos 9 mil han sido devastadas. "Lo que queda es solo algunas cortinas de árboles junto a la carretera; en el interior, ya no hay nada", afirmó. Las zonas más afectadas son aquellas próximas a caminos de saca, donde circulan camionetas cargadas con madera, muchas sin placas ni documentación, valiéndose de la impunidad para operar. Los comuneros señalan que no hay vigilancia constante por parte de la Profepa ni de la Guardia Nacional, pese al destacamento en la zona. Aunque la Profepa ha realizado operativos, estos se anuncian con anticipación, permitiendo a los taladores esconder maquinaria y madera. El dirigente indígena acusó a las autoridades municipales de mantener vínculos familiares con quienes operan aserraderos clandestinos, e incluso señaló que el primer regidor suplente tiene relación con uno de los taladores más activos, cuyo padre sería chofer de una camioneta que transporta madera hacia Ecatepec, donde es vendida sin regulación. Además, el gobierno local asignó recientemente contratos a un propietario de un aserradero en Santa Lucía, lo que, según los comuneros, fomenta la impunidad y desmotiva la vigilancia comunitaria. La madera ilegal de Ocuilan termina en madererías de municipios como Ecatepec, donde es vendida a precios altos, beneficiando a los empresarios ilegales. Los comuneros demandan mayor inspección en centros de acopio y transporte, pues consideran que mientras se permita la comercialización sin control, la tala seguirá siendo un negocio rentable. Ante la inacción y la violencia, los habitantes de San Juan Atzingo continuarán patrullando con recursos propios, sin apoyo oficial, armados solo con escopetas, radios, lámparas y un firme compromiso de defender su bosque.
