En respuesta a la creciente crisis de despojos en el oriente del Estado de México, los diputados del Congreso local aprobaron una serie de reformas al Código Penal estatal para clasificar el despojo como delito grave y elevar las penas, que ahora van de 5 a 10 años de prisión como sanción básica, incrementándose hasta 17 años para servidores públicos coludidos en estas prácticas.
Las modificaciones, que afectan los artículos 9, 308 y adicionan el 308 Bis, buscan reforzar la persecución penal contra quienes cometen estos delitos. Antes, las penas oscilaban entre 1 y 5 años; ahora, el rango mínimo se incrementa a 5 años, con multas de 700 a mil días de salario mínimo.
Un aspecto destacado es la protección especial a las zonas ecológicas. Cuando el despojo ocurra en predios declarados como áreas naturales protegidas —como parques estatales y zonas de conservación ambiental—, las penas aumentarán a un rango de 7 a 12 años de prisión, manteniendo las multas elevadas.
Durante la sesión, los legisladores aprobaron el dictamen, que incluye tres iniciativas del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano y dos de Morena, presentadas por los diputados Octavio Martínez y José Miguel Gutiérrez. Además, la ley refuerza la persecución a los líderes de invasiones, quienes podrían recibir penas de 10 a 17 años; esto en caso de que organicen, dirijan o instiguen el despojo, o tengan cómplices servidores públicos.
La reforma también contempla sanciones más severas si durante el ilícito se cometen otros delitos, como falsificación o violencia, responsabilizando penalmente a todos los involucrados, incluso sin participación directa.
El impulso a la legislación surge ante el aumento del 7% en denuncias por despojo en 2025, con más de 14 casos diarios en municipios como Ecatepec, Chalco y Naucalpan, donde bandas delictivas y corrupción tienen un papel importante.
Casos como el de Doña Carlota, una mujer de 74 años que disparó contra invasores en Chalco, evidencian la falta de protección y la lenta respuesta de las autoridades.
La reforma también incluye agravantes que elevan las penas hasta en 50%, como la violencia física o moral, vulnerabilidad de las víctimas (adultos mayores, menores, mujeres embarazadas, discapacitados o indígenas), uso de documentos falsos, participación de notarios o servidores públicos en fraudes registrales, y el despojo de bienes públicos.
El Congreso establece que el despojo será considerado un delito permanente mientras el invasor mantenga la posesión del inmueble, priorizando la restitución inmediata a las víctimas sin necesidad de sentencia definitiva en casos donde se acredite la propiedad legal.
Esta iniciativa será sometida a votación en el Pleno durante un periodo extraordinario programado para este jueves 26 de junio, y posteriormente será publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
