Rocío Gómez, concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, presentó su dimisión tras conocerse que fue beneficiaria de una vivienda pública en la exclusiva playa de San Juan, la única promoción de protección oficial en la ciudad en las últimas dos décadas. La adjudicación ha generado controversia, sumándose a las investigaciones que también involucran al arquitecto municipal Francisco Nieto y a dos hijos de María Pérez-Hickman, hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos.
La noticia fue divulgada por el diario Información este jueves, y horas después el alcalde Luis Barcala ordenó abrir un expediente para determinar si existieron irregularidades en la asignación de estas viviendas, que comprenden una urbanización de 134 pisos con múltiples servicios, incluyendo piscina, gimnasio y pistas de pádel.
Gómez explicó que ha tomado la decisión de abandonar su cargo para permitir que la investigación avance sin interferencias, entregando toda la documentación requerida y actualmente en baja por maternidad, según informó Europa Press. Además, Pérez-Hickman también notificó su renuncia en la mañana de ese día.
El alcalde Barcala precisó que la concejala, arquitecta de profesión, adquirió en 2018, cinco años antes de su ingreso en la política, una vivienda en esa urbanización situada en una quinta planta, de aproximadamente 89 metros cuadrados, junto con una plaza de garaje y un trastero, por un valor que supera los 200,000 euros. La vivienda se ubica en una de las zonas más privilegiadas de Alicante y su adquisición ha sido objeto de investigación por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
