Tras tres días y aproximadamente 15 horas de discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó su primera audiencia pública enfocada en el derecho de consulta a personas con discapacidad. La sesión, que inició el lunes 20 de octubre y finalizó este miércoles 22, reunió a más de 102 ponentes, incluyendo representantes de asociaciones civiles, legisladores, instituciones educativas y dependencias gubernamentales.
Uno de los temas centrales fue la necesidad de que exista una ley que regule el derecho de consulta, aunque los ministros aclararon que esa tarea corresponde al Congreso de la Unión. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, comparó la situación con los pueblos indígenas, quienes sí tienen ese derecho reconocido en la ley. “El derecho de consulta a pueblos indígenas se incorporó en el 30 de septiembre de 2024, el de personas con discapacidad no está claramente definido en la Constitución ni en ninguna ley”, explicó.
Durante la audiencia, diversas voces coincidieron en que una consulta previa es esencial para la emisión de leyes y que, en caso de no existir un marco legal establecido, esto no debería invalidar automáticamente dichas leyes. El ministro Giovanni Figueroa subrayó que la consulta previa es un derecho fundamental y que su implementación no puede ser discrecional para los legisladores, además de señalar que antes de invalidar una ley por falta de consulta, debe concederse un plazo para su cumplimiento.
Las personas con discapacidad participantes resaltaron que solo ellas conocen verdaderamente sus necesidades y que decidir sin su participación equivale a anular sus derechos. Elizabeth López Flores, del Colectivo Tejiendo Redes por la Dignidad, afirmó: “No se puede determinar si una norma beneficia a personas con discapacidad sin consultarlas, porque solo ellas conocen sus necesidades”. Además, advirtieron que la SCJN no puede analizar una violación al derecho de consulta si las propias personas o sus organizaciones no lo solicitan, para no vulnerar su autonomía ni actuar de manera paternalista.
Al concluir la audiencia, la ministra Lenia Batres Guadarrama aceptó modificar el sentido del proyecto relacionado con la acción de inconstitucionalidad 182/2024, manteniendo el requisito de consulta previa para aprobar leyes que afecten a personas con discapacidad. En los próximos días, el Pleno dará a conocer las decisiones específicas adoptadas tras estos debates y deliberaciones.
