La justicia de Mendoza condenó a una mujer trans de 53 años a ocho años de prisión efectiva por su responsabilidad en delitos de trata de personas, robo agravado y otros delitos relacionados. La sentencia, que unificó tres condenas previas —dos emitidas por la justicia provincial y una por la federal—, fue dictada por la magistrada Mónica Romero, y Paloma León, la mujer condenada, cumplirá la sentencias en el complejo penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta.
Las investigaciones judiciales revelaron que Araya lideraba una red de prostitución en la zona de la Costanera, donde explotaba económicamente a mujeres, muchas en situación de vulnerabilidad o con adicciones. Operaba desde un departamento destinado a servicios sexuales y utilizaba una terraza adjunta como punto de vigilancia. La evidencia recolectada incluyó escuchas telefónicas que demostraron su control sobre las víctimas y las maniobras de extorsión, por las que también fue condenada por tentativa de extorsión, según informó MendozaToday.
El proceso judicial se inició tras una denuncia anónima recibida en diciembre de 2020 en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Dañadas por Tráfico. La investigación permitió reconstruir su modus operandi: captaba a mujeres trans y travestis prometiéndoles seguridad en zonas que denominaba “La Ruta”, como San José y la Cuarta Sección Estey, donde les exigía pagar una “plaza” para trabajar sexualmente, además de cuotas por habitaciones y comisiones por cada servicio. Se detectaron mecanismos de coerción y endeudamiento, con multas, préstamos y deudas que superaban los 300 mil pesos.
El historial judicial también incluyó denuncias anteriores: en 2012, dos mujeres trans la acusaron de agresiones físicas tras negarse a pagar para trabajar cerca del Acuario Municipal, aunque las causas no prosperaron por falta de pruebas. En 2013, fue señalada como autora intelectual de un intento de homicidio, tras ser acusada de atacar a una mujer con combustible después de que rechazara sus condiciones para ejercer la prostitución.
La unificación de los diferentes expedientes permitió que la Justicia dictara una sola pena efectiva por todos los hechos. Además, en septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una condena de ocho años de prisión para Mercedes del Valle Ramos y Jonathan Isaac Barrionuev por la trata con fines de explotación sexual en Tucumán. También se estableció una reparación económica para las víctimas identificadas como TV01, TV02 y AJH, quienes permanecieron sometidas durante largos períodos.
El fallo confirmó que las víctimas estaban sometidas a un régimen de abuso y privación sistemática de la autonomía. El inmueble funcionaba como un prostíbulo encubierto, donde las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con terceros bajo control permanente y sin poder retener el dinero generado. La investigación determinó que Ramos organizaba turnos, se apropiaba de los ingresos y restringía los movimientos de las víctimas, mientras que Barrionuevo se encargaba de difundir imágenes, organizar encuentros y cobrar parte de las ganancias.
