La Cámara Federal de Salta ratificó la ampliación del procesamiento por prevaricato contra el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, y el ex fiscal federal de esa jurisdicción, José Luis Bruno, en el marco de una investigación que revela irregularidades judiciales relacionadas con causas de narcotráfico bajo la supervisión del juez federal Julio Leonardo Bavio. La resolución, emitida el 29 de octubre de 2025, señala que ambos funcionarios incurrieron en conductas que facilitaron la impunidad de imputados ligados al tráfico de drogas, especialmente en la causa conocida como 'Molina-Alemán'. La pesquisa se remonta a 2011, cuando Gendarmería Nacional decomisó 70 kilos de cocaína en un operativo contra una red dedicada al transporte de estupefacientes entre Bolivia y varias provincias argentinas, y detuvo a Melisa Alemán, Gustavo Molina —identificado como Emmanuel Gabriel Cala— y Federico Rojas. Las pruebas, como interceptaciones telefónicas y seguimientos, ubicaron a Rojas como pieza clave en la logística del traslado, actuando como puntero que alertaba sobre controles policiales. El 10 de enero de 2012, el juez subrogante Ramón Antonio Valor procesó a los detenidos y dictó prisión preventiva. Sin embargo, Reynoso revocó esa decisión meses después, cambiando la calificación de Rojas a 'cómplice secundario', lo que permitió su inmediata liberación. La Cámara afirmó que esta resolución se basó en una tergiversación de las constancias del expediente, omitiendo pruebas clave y dando credibilidad a descargos contradictorios. La defensa de Reynoso argumentó que su decisión se produjo en un contexto de sobrecarga judicial y negó haber pactado ilícitamente con Bruno, sosteniendo que cada uno cumplía su rol y que su renuncia en 2016 lo eximía de responsabilidades por posteriores fugas de imputados. Por su parte, la defensa de Bruno sostuvo que la falta de impugnación a la recalificación de Rojas no constituye un delito y que su actuación se enmarcaba en un exceso de carga laboral, con una fiscalía congestionada. La Cámara, sin embargo, consideró que las conductas de ambos no pueden justificarse por diferencias jurídicas ni negligencias. Resaltó que la decisión de Reynoso partió de una tergiversación de las pruebas y que la supuesta colaboración de Rojas en el delito carecía de sustento probatorio. Además, indicó que Rojas participó activamente en la logística del narcotráfico, actuando en igualdad con su medio hermano en la decisión de la distribución de la droga. La resolución también señaló que Bruno deliberadamente no apeló la liberación de Rojas, a pesar de tener recursos para ello, lo que demuestra que su inacción fue intencionada. La maniobra forma parte de un patrón detectado en otras causas de Reynoso, en las que se asignaban roles secundarios a imputados de narcotráfico para facilitar su excarcelación. La Cámara recordó que este modus operandi fue probado en la causa 'Reynoso 1', en la que Reynoso y María Elena Esper, defensora de varios imputados, fueron condenados por favorecer organizaciones criminales con resoluciones judiciales ilegítimas. La decisión final rechazó los recursos de Reynoso y Bruno, y confirmó sus procesamientos. El tribunal destacó que la falta de cuestionamientos por parte de Bruno respecto a la resolución prevaricatosa en la causa 'Molina-Alemán' evidencia un proceder deliberado que perjudicó la lucha contra el narcotráfico, contribuyendo así al encubrimiento del entramado ilícito y vulnerando sus obligaciones como fiscal. Entre las evidencias, la Cámara resaltó las declaraciones de empleados judiciales y fiscales que describieron la influencia de Reynoso y Bruno en las decisiones internas. Además, se puntualiza que Rojas permaneció prófugo tras su liberación y que la causa está paralizada desde diciembre de 2023, mientras otros imputados continúan procesados y condenados por nuevos delitos relacionados con el narcotráfico. La confirmación de los procesamientos por prevaricato en esta causa refuerza antecedentes de condenas contra Reynoso por delitos similares, consolidando la hipótesis de que existió un esquema de corrupción judicial vinculado al narcotráfico en el norte argentino.
