La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfrentó nuevas acusaciones de censura tras la petición de la Fiscalía General del Estado a la televisora local Telemar para que proporcione información sobre periodistas críticos a su gestión. Según el oficio difundido en redes sociales por la propia empresa, la autoridad solicitó los nombres de reporteros, editores y del director de Producciones Telemar S.A. de C.V., además de detalles sobre publicaciones que mencionan a la mandataria. Esta medida forma parte de una pesquisa en curso por el presunto delito de calumnia, presentado por la propia Sansores. La Fiscalía estableció un plazo de cinco días hábiles para que el medio entregue la documentación; de no hacerlo, advierten sanciones económicas e incluso acciones legales por obstrucción de la justicia. En un pronunciamiento, Telemar calificó la solicitud como un intento de limitar la libertad de expresión en Campeche, señalando que demuestra el uso de instituciones públicas para intimidar a periodistas y medios críticos. La situación ha generado rechazo en redes sociales y en la comunidad periodística, que invoca el artículo sexto de la Constitución Mexicana que protege la libertad de prensa. Este incidente se suma a otros enfrentamientos entre la gobernadora y medios locales, como el caso de Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, quien en 2022 fue procesado por supuestamente incitar al odio contra Sansores y sancionado con restricciones y multas. La Fiscalía también ha dirigido acusaciones a otros comunicadores del mismo grupo editorial, lo cual ha avivado preocupaciones sobre un patrón de hostigamiento hacia la prensa crítica en el estado. En los últimos años, Sansores ha tenido diversos enfrentamientos públicos con periodistas y figuras políticas, incluyendo la divulgación de conversaciones privadas en 2022 en su programa 'El Martes del Jaguar', lo que generó cuestionamientos sobre el uso indebido de información personal. Organizaciones de periodistas y medios locales advierten sobre una escalada de censura en la entidad, mientras que el gobierno federal ha reiterado que los gobernadores deben garantizar el ejercicio libre del periodismo.
