El Gobierno de Colombia oficializó el aumento salarial del 7% para los miembros del Congreso de la República mediante el Decreto 1092 del 16 de octubre de 2025. Este reajuste, que tiene efectos fiscales desde el 10 de enero de 2025, será pagado de forma retroactiva, cubriendo la diferencia salarial desde esa fecha hasta la aplicación del decreto.
La medida fue firmada por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Arragán Beltrán. La actualización se realiza en línea con los incrementos salariales promedio concedidos a los empleados de la administración central en el mismo período.
Actualmente, los legisladores colombianos tienen una asignación mensual de aproximadamente 48.142.046 pesos, y con el reajuste, su sueldo superará los 52 millones de pesos mensuales, según certificó la Contraloría General de la República.
El Decreto 1092 de 2025 fundamenta el aumento en las leyes 4ª de 1992, 644 de 2001 y en el artículo 187 de la Constitución Política, que establece que la remuneración de los congresistas se reajustará anualmente en proporción con los cambios salariales de los empleados públicos, según certificaciones oficiales.
La Contraloría expidió, el 16 de junio de 2025, una certificación que determina un incremento promedio ponderado del 7% basado en decretos anteriores que definieron las escalas salariales del sector público.
Además, las Oficinas de Pagaduría de la Cámara de Representantes y del Senado deberán emitir certificaciones detalladas de los nuevos emolumentos, verificar las liquidaciones retroactivas y registrar los pagos en el sistema financiero, asegurando cumplimiento y transparencia.
Este reajuste llega en un año electoral, y los legisladores electos en 2026 comenzarán su periodo con el salario actualizado, alineado con las políticas salariales del Gobierno para 2025. También servirá como referencia para la planificación presupuestal del próximo cuatrienio, facilitando una gestión financiera responsable y estable en el Congreso colombiano.
