Una docena de congresistas demócratas de Estados Unidos, incluidos varios líderes del Caucus Hispano, presentaron una demanda ante un tribunal federal contra la Administración de Donald Trump por impedirles ingresar a centros de detención para migrantes, con lo que buscan supervisar las condiciones en las que viven los reclusos.
El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, afirmó en un comunicado que "la obstrucción de la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia". Además, criticó los esfuerzos de la Administración Trump por deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles, incluidos ciudadanos estadounidenses, y utilizar las agencias federales para ejecutar una agenda de deportaciones masivas basada en la crueldad.
Espaillat también denunció que el gobierno ha creado "el clima perfecto para el abuso y la impunidad" al limitar sistemáticamente las facultades de supervisión del Congreso.
Según la ley estadounidense, los congresistas tienen derecho a visitar sin previo aviso los centros de detención de migrantes. Sin embargo, los demandantes sostienen que el Ejecutivo ha puesto obstáculos para acceder a estos centros.
Organizaciones civiles, activistas y políticos han denunciado las condiciones inhumanas en las que viven los migrantes reclusos, muchos de ellos en situaciones de hacinamiento. Una de las instalaciones más criticadas ha sido 'Alligator Alcatraz', inaugurada el 1 de julio en Florida, con capacidad para 3,000 migrantes. Varias visitas de políticos demócratas describieron ese lugar como "jaulas" y alertaron sobre el mal estado de los baños, así como la falta de control de temperatura en un clima de intenso calor y humedad.
La demanda, presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, surge en un contexto en el que la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) está gestionando una partida de 608 millones de dólares para la construcción y expansión de centros de detención para migrantes a nivel estatal y local. La acción judicial se suma a las críticas por las medidas restrictivas y las condiciones en estos centros en medio de un debate sobre las políticas migratorias del gobierno de Trump.
