En medio de un enfrentamiento político en el Senado, legisladores del PRI y PAN acusaron a Morena de ‘debilitar los derechos ciudadanos’ con la reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada en la Cámara de Diputados. La bancada morenista defendió la modificación señalando que no tiene dedicatoria ni retroactividad, y que su objetivo es ‘modernizar y equilibrar’ el acceso a la justicia.
El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, calificó la minuta como un ‘despropósito autoritario’ que vulnera derechos humanos y consolidaría un ‘segundo piso dictatorial’ bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Aseguró que Morena está generando un ‘Estado autoritario’, criticando que hayan tomado control del Poder Judicial y órganos autónomos, además de modificar la Ley de Amparo a modo del Ejecutivo.
Añorve alertó que la eliminación o restricción de la suspensión provisional representa un golpe a la libertad de expresión y a la defensa legal ante abusos de autoridad, ya que ese recurso permitía a los ciudadanos defenderse ante las leyes y decisiones arbitrarias. También cuestionó la legitimidad de los foros de consulta organizados por Morena, calificándolos de ‘simulacros’ y criticando que se ignoraron las advertencias de expertos.
El senador vinculó la iniciativa con el resentimiento del gobierno actual hacia los jueces que frenaron proyectos emblemáticos, como el Tren Maya, y advirtió que la aplicación retroactiva de la reforma podría usarse para ‘cobrar facturas’ políticas o económicas a empresarios incómodos, pues la ley parece estar siendo particularizada en beneficio de Morena.
A pesar de las críticas, Añorve criticó también que en zonas afectadas por lluvias recientes, la ayuda humanitaria ha sido distribuida con bolsas rotuladas con el logo de Morena, además de denunciar la presencia de fuerzas armadas intentando controlar el acceso a los apoyos, lo cual consideró un acto de ‘desgobierno total’. También expresó su preocupación por la posible participación del crimen organizado en la distribución de ayudas.
Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, acusó a Morena de buscar instaurar un ‘régimen de control total’ mediante la eliminación de contrapesos y el nombramiento de incondicionales en órganos autónomos y judiciales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuestionó los nombramientos de magistrados en ese tribunal, señalando que muchos son funcionarios actuales del gobierno o exalcaldes de Morena, lo cual pone en duda su imparcialidad.
Anaya advirtió que estos cambios y la reforma al amparo representan una ‘estocada final’ a un recurso que permite a los ciudadanos defenderse del poder público, lo que, en su opinión, debilitaba los contrapesos y la justicia.
Desde el bloque oficialista, el senador Enrique Inzunza Cázarez defendió la reforma argumentando que no viola derechos ni tiene efecto retroactivo, ya que sus cambios en artículos y el tercer transitorio solo aclaran principios jurídicos vigentes desde hace casi un siglo. Resaltó que las modificaciones buscan ampliar la tramitación electrónica del juicio de amparo, permitiendo realizar procedimientos desde dispositivos digitales, y así facilitar el acceso a la justicia.
Inzunza también manifestó que la reforma pretende equilibrar intereses individuales y colectivos, especialmente en cuestiones de delitos financieros y lavado de dinero. Aseguró que no se trata de una reforma recaudatoria ni persecutoria y que, si la discusión se realiza en el Pleno, se respetará el procedimiento legislativo, limitando el debate a los artículos modificados. El debate continúa en el Congreso, en medio de acusaciones y defensas sobre el alcance y las implicaciones de la nueva legislación.
