La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú aprobó por unanimidad un dictamen que propone reemplazar el término ‘discapacitado’ por ‘persona con discapacidad’ en el Código de los Niños y Adolescentes. La iniciativa busca eliminar expresiones con connotaciones peyorativas y alinear la legislación peruana con los estándares internacionales de derechos humanos.
El dictamen, aprobado con el respaldo de los 23 congresistas presentes sin votos en contra ni abstenciones, fue resultado de la unión de dos proyectos de ley impulsados por Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Cambio Democrático Juntos por el Perú). Ambos procedimientos se acumulon en un solo documento para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de modernizar el lenguaje jurídico del Código.
Fundamentada en tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la propuesta enfatiza el uso de terminología respetuosa que fomente una visión inclusiva y basada en derechos humanos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo dieron opiniones favorables, destacando que ‘la discapacidad no define a la persona, sino que es solo una característica dentro de una identidad multidimensional’. La Defensoría agregó que ‘el cambio constituyen un avance necesario para erradicar expresiones discriminatorias aún presentes en la legislación peruana’.
El Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis) resaltó la importancia del lenguaje, señalando que las palabras moldean la percepción social. Considera que el término ‘persona con discapacidad’ es el adecuado, ya que prioriza la dignidad humana y reconoce a estas personas como sujetos de derechos, alejándose del enfoque reduccionista y estigmatizador asociado con palabras como ‘discapacitado’ o ‘minusválido’.
La entidad también aconseja evitar eufemismos como ‘personas con capacidades diferentes’ o expresiones paternalistas como ‘angelito’ o ‘niño especial’, alegando que estos términos no favorecen la inclusión y refuerzan estereotipos.
Además de la modificación terminológica, la iniciativa legislativa incorpora aportes de otra propuesta que busca reforzar la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales y administrativos que los afectan. Entre los cambios destacados, se reconoce su derecho a expresar opiniones libremente y ser escuchados en decisiones relevantes, en línea con el interés superior del niño.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) será responsable del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, además de crearse un Consejo Nacional de Protección. Las autoridades también oficializarán la participación de los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) a nivel nacional, regional y local, para que influyan en la formulación de políticas públicas.
El análisis técnico de la comisión subraya que estas reformas tienen un impacto social positivo, promoviendo una cultura de inclusión y reafirmando el compromiso del Perú con los tratados internacionales en materia de discapacidad y derechos de la infancia.
