El Congreso del Estado de México avanza en la aprobación de una histórica reforma que busca proteger jurídicamente el patrimonio natural y biocultural de la entidad. Esta iniciativa combina dos propuestas: una del grupo parlamentario de Morena, que propone reconocer el ‘Patrimonio Ambiental y Natural’ como figura legal, y otra del PVEM, centrada en salvaguardar los saberes tradicionales y ecosistemas bajo el concepto de ‘Patrimonio Biocultural’.
El dictamen unificado fue aprobado por unanimidad en comisiones y será sometido a votación en el pleno, que podría realizarse en un periodo extraordinario tras la conclusión del periodo ordinario, el martes 13 de mayo.
La propuesta de Morena, impulsada por la diputada Susana Estrada, plantea reformar el Código para la Biodiversidad para incluir el ‘Patrimonio Ambiental y Natural’ como un derecho fundamental, con especial énfasis en áreas como la Reserva de la Mariposa Monarca y los parques estatales.
Por su parte, la iniciativa del PVEM, liderada por José Alberto Couttolenc, busca ampliar la protección a conocimientos ancestrales, lenguas indígenas y prácticas sostenibles, como el cultivo del maguey, así como crear un Catálogo Oficial de sitios y expresiones culturales relacionadas con la naturaleza. Además, contempla sanciones más severas para quienes dañen el medio ambiente, incluyendo multas proporcionales al impacto, reparaciones ecológicas y penas administrativas por la explotación ilegal de recursos en zonas protegidas.
La propuesta final integra ambos enfoques, estableciendo mecanismos legales para la protección de la biodiversidad y las expresiones culturales vinculadas al territorio. También define al ‘Patrimonio Ambiental y Natural’ como áreas de valor ecológico y belleza paisajística, priorizadas mediante figuras de ‘orden público e interés social’, alineándose con la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial.
En cuanto a las sanciones, se prevén multas económicas, obligaciones de reparación de ecosistemas y penas administrativas contra quienes exploten recursos de manera ilegal o dañen conocimientos tradicionales y paisajes culturales. Los criterios de los daños se determinarán en un reglamento que deberá emitirse en un plazo máximo de 180 días después de la aprobación de la ley. Esto afectará a 90 Áreas Naturales Protegidas y a comunidades indígenas del Estado de México.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones, pero su aprobación en el pleno dependerá de la convocatoria a un periodo extraordinario, ya que el periodo ordinario concluyó el 13 de mayo.