El Congreso de la República aprobó un paquete de medidas extraordinarias destinado a combatir la violencia criminal en el transporte público y de carga, y a reactivar económicamente el sector, gravemente afectado por extorsiones, sicariato y amenazas en las rutas. Entre las acciones principales destaca la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) y un programa de alivio financiero que incluye créditos blandos, compensaciones y exoneraciones fiscales para las empresas y trabajadores perjudicados.
El dictamen, respaldado por 83 votos a favor, 3 en contra y una abstención, tiene como objetivo reducir las pérdidas económicas provocadas por prácticas extorsivas como “cupos” y “vacunas”, que han llevado al cierre de rutas y la quiebra de pequeñas empresas de transporte.
Uno de los pilares del plan es la creación de un fondo de apoyo financiero que facilitará créditos y exoneraciones fiscales temporales a transportistas afectados por la criminalidad. Los recursos saldrán de la venta de bienes incautados al crimen organizado, destinados a financiar la recuperación del sector. Parte de estos fondos también se utilizará en compensaciones y seguros estatales para trabajadores y empresas que hayan perdido vehículos o equipos debido a ataques extorsivos.
Asimismo, el programa Ruta Segura Restablecida incluirá la reparación de vías, terminales y unidades dañadas, promoviendo la inversión pública y garantizando la continuidad de operaciones, con el fin de frenar la paralización económica que especialmente afecta a cooperativas de transporte y rutas regionales.
El marco legal también contempla mecanismos de fiscalización financiera. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisará los movimientos de efectivo y transferencias relacionados con pagos de “vacunas” o “cupos”, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportará operaciones sospechosas y coordinará con el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el objetivo de asfixiar las finanzas de las organizaciones criminales y evitar operaciones de lavado de activos vinculadas al transporte.
Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá implementar rutas seguras, equipadas con cámaras, GPS y botones de pánico conectados a la red nacional de monitoreo C5i. La Policía Nacional del Perú (PNP) actualizará los mapas georreferenciados de zonas con alta incidencia delictiva.
La norma también crea el Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica, encargado de analizar y publicar información semestral sobre las pérdidas económicas y las tendencias delictivas en el sector.
En cuestiones patrimoniales, bienes, cuentas y fondos vinculados a la extorsión podrán ser expropiados sin necesidad de proceso penal previo, y sus recursos serán usados para financiar programas de recuperación. La UIF y el Ministerio Público tendrán la responsabilidad de rastrear y solicitar medidas cautelares ante el Poder Judicial, garantizando la recuperación económica basada en los recursos del crimen organizado.
