El Congreso del Estado de México analiza establecer penas graves y prisión oficiosa para quienes roben agua mediante desvíos, tomas clandestinas o pozos irregulares, ante el 40% del agua potable extraída ilegalmente en la entidad. Diputados de Morena, PVEM, PT y PAN coincidieron en la importancia de agilizar sanciones y fortalecer la protección del recurso desde su origen.
Durante la sesión, la diputada Zaira Cedillo Silva explicó que su iniciativa propone multas de hasta 2.8 millones de pesos y penas de 30 años por la extracción ilegal de agua sin permisos, considerando el daño a la nación. Desde 2023 a 2024, solo se recibieron 37 denuncias por este delito en la entidad, sin casos judicializados, por lo que busca mayor contundencia en las sanciones.
Por el PVEM, Miriam Silva Mata propuso tipificar el robo de agua como delito grave, permitiendo que se persiga de oficio y se impongan penas conforme al daño ocasionado, incluyendo prisión preventiva oficiosa. La legisladora García Villavicencio (PAN) sugirió que las reformas consideren las realidades municipales y criticó la escasez y desperdicio en zonas marginadas y hospitales.
Legisladores de Morena destacaron que estas propuestas ayudarán a combatir la impunidad, especialmente en pozos comunitarios y en zonas naturales. La diputada Ana Yurixi Leyva (PT) mencionó experiencias similares en otros estados y México DF, y abogó por un modelo de gestión del agua más transparente en la entidad.
