El Congreso de Guatemala oficializó la integración de la Comisión de Postulación responsable de seleccionar a los candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público, en un proceso que busca recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la transparencia en la institución. La juramentación de los miembros ocurrió en un contexto de creciente presión social y críticas por la legitimidad del sistema judicial. El diputado oficialista José Carlos Sanabria destacó la importancia de establecer reglas claras y actuar con transparencia, asegurando que la ciudadanía conozca los méritos de los postulantes para legitimar la elección. Sanabria también subrayó que el Ministerio Público debe perseguir el delito sin sesgos y sin redes de corrupción. El legislador Elmer Palencia, del partido Valor, afirmó que el Congreso cumple con los plazos constitucionales y resaltó que este año es clave para fortalecer la institucionalidad, reiterando que el organismo legislativo debe cumplir la ley sin polarizar el proceso. Por otra parte, Boris España, diputado de Vamos, llamó a que la selección se realice con seriedad y honestidad, promoviendo la participación de candidatos idóneos y dispuestos a luchar por el país, además de enfatizar la necesidad de certeza, seguridad y justicia ante las críticas y decisiones de la Corte de Constitucionalidad. La discusión también abordó la importancia de generar mecanismos de vigilancia ciudadana mediante audiencias públicas y resultados verificables, para garantizar que los futuros fiscales respeten los derechos humanos y la Constitución. La Comisión de Postulación, formada según lo establecido en la Constitución, debe presentar una nómina de cinco candidatos al presidente Bernardo Arévalo al menos 15 días antes de que concluya el período de la actual fiscal general, Consuelo Porras, en medio de cuestionamientos a su gestión. El próximo fiscal asumirá funciones durante cuatro años, desde mayo, con autoridad para dirigir acciones penales y persecución criminal. La ley exige que esta comisión evalúe y ordene los expedientes de los postulantes, integrándose con integrantes del Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios, y la comunidad académica de universidades guatemaltecas. La lista de candidatos será entregada al presidente, quien también podrá removerlo por causas debidamente justificadas. El período del nuevo fiscal abarcará de 2026 a 2030, en un contexto en el que aumenta la expectativa de una justicia más transparente y efectiva en Guatemala, con un proceso que busca garantizar la legitimidad y el compromiso con el Estado de Derecho.
