El Congreso de Perú abordará el próximo 12 de marzo la posible inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras aprobarse en el Consejo Directivo el informe final con recomendaciones para su inhabilitación por diez años en funciones públicas. La decisión surge de la evaluación de las denuncias constitucionales acumuladas en los expedientes 563 y 618, presentadas por congresistas que acusan a Espinoza por presuntas infracciones constitucionales, incluyendo su actuación como fiscal en relación con polémicas decisiones relacionadas con la doble remuneración de legisladores.
El informe, aprobado por la Comisión Permanente con 16 votos a favor y 4 en contra, fue elaborado a partir de denuncias impulsadas por los congresistas Yorel Kira Alcarraz y José Ernesto Cueto, quienes señalan que Espinoza habría violado artículos 45, 93 y 139 de la Constitución Política del Perú. La denuncia principal se centra en la acusación constitucional 549, que involucra a once congresistas por votar a favor del Proyecto de Ley 319/2021-CR, destinado a regular la percepción de doble remuneración por parte de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Según Jorge Montoya, vocero de la bancada Honor y Democracia, la denuncia también implica una supuesta infracción al artículo 93, que garantiza la inviolabilidad del voto parlamentario. Montoya argumentó que la fiscal Espinoza habría vulnerado este derecho al cuestionar la libertad de voto de los congresistas en causas relacionadas con beneficios personales. Asimismo, se le imputa la presunta transgresión del artículo 45 y la violación del debido proceso y tutela jurisdiccional, bajo la acusación de motivación deficiente en su papel como fiscal.
Entre los legisladores señalados por la denuncia figuran José Williams Zapata, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez, todos por haber votado en favor de proyectos que habilitan la percepción dual de remuneraciones estatales.
La defensa de Espinoza, encabezada por el abogado Rodolfo Pérez, argumentó que la Fiscalía actúa según mandato constitucional para investigar indicios razonables, sosteniendo que la denuncia se basa en la posible existencia de beneficios económicos para algunos legisladores, por lo cual justificó el proceso judicial. Espinoza, por su parte, calificó el proceso como una "dictadura congresal" y una persecución política, asegurando que su labor se limitó a cumplir con su función como fiscal, en declaraciones ante la Comisión Permanente.
