El Congreso del Estado de México aprobó una importante reforma para eliminar privilegios legales en casos de encubrimiento de feminicidios, diferenciándose de las excusas habitualmente aceptadas en el sistema penal, como la relación de parentesco o vínculos afectivos. La modificación al artículo 153 del Código Penal estatal busca cerrar las brechas que permitían a familiares o personas cercanas a los agresores evadir responsabilidad al encubrir estos crímenes.
La iniciativa, avalada por la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y presentada por el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín de Morena, pretende que ninguna relación familiar o afectiva sirva como excusa para proteger a un feminicida o homicida, promoviendo así un sistema penal más justo y equitativo.
Según datos de la Procuraduría del Estado de México, al 2021, más del 50% de las víctimas de feminicidio tenían entre 16 y 40 años; 15% eran niñas y adolescentes menores de 15 años, y 34% mayores de 40. La mayoría (55%) estaba en alguna relación de pareja y 58% tenía hijos, situación que refleja cómo los entornos familiares cercanos, en ocasiones, facilitan el encubrimiento.
La presidenta de la comisión, diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, destacó que la justicia no puede depender de vínculos familiares ni apellidos, y que detrás de cada feminicidio hay una historia que no debía terminar así. La reforma, afirmó, elimina espacios de impunidad y reafirma el compromiso del Congreso con una justicia que priorice a las víctimas.
Héctor Karim Carvallo añadió que este cambio envía un mensaje claro: ninguna relación de sangre o afecto puede justificar el silencio frente a un crimen. La aprobación será sometida al voto del Pleno del Congreso en próximo periodo.
Asimismo, en la misma sesión, las diputadas aprobaron una iniciativa para asegurar asistencia social a niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio o desaparición, presentada por la legisladora Brenda Colette Miranda Vargas. Esta reforma a la Ley de Asistencia Social garantiza apoyo psicológico, educativo y social, reconociendo la urgencia de atender la vulnerabilidad de los menores afectados por la violencia de género.
Las diputadas destacaron que este reconocimiento legal no solo implica acompañamiento, sino también una forma de reparación y justicia social para las víctimas más vulnerables, consolidando un marco legal más humano y sensible hacia las necesidades de la niñez afectada.
