La diputada Martha Azucena Camacho, secretaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, informó que el análisis de las leyes secundarias relacionadas con la Reforma Judicial se realizará en el segundo periodo legislativo del año, tras el inicio del nuevo ciclo legislativo en la entidad. Además, el Congreso local espera las directrices del Congreso de la Unión para coordinar esfuerzos.
Camacho mencionó que a nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que serán cuatro las leyes que acompañarán la Reforma Judicial, con el objetivo de agilizar la resolución de juicios fiscales y evitar retrasos prolongados. Entre ellas están las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Amparo y la legislación en materia de Contencioso Administrativo.
"Estamos a la espera de las directrices de nuestro Congreso Nacional. Cuando sesionen, se marcarán los lineamientos y el trabajo será coordinado. Dado que se trata de una reforma estructural a nivel país, debemos ajustarnos a sus planes y a las necesidades específicas del Estado de México", afirmó Camacho.
En temas locales, aún no hay una fecha definida para la integración del Órgano de Administración Judicial. La ley establece que este organismo estará conformado por cinco miembros con un mandato de seis años y tendrá facultades para decidir sobre administración, vigilancia y carrera judicial. Uno de estos integrantes será designado por la Gobernadora, otro por la Legislatura mediante votación calificada de dos tercios, y los tres restantes por el Tribunal Superior de Justicia. La designación del Congreso debe concretarse antes del inicio del segundo año legislativo.
El plazo para aprobar dichas reformas vence el 9 de septiembre, ya que la reforma constitucional que creó este órgano entró en vigor el 6 de enero, otorgando 160 días hábiles para realizar las adecuaciones correspondientes.
Respecto al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), Camacho señaló que los ayuntamientos ya aprobaron el dictamen que contempla su desaparición, pero aún falta que estas decisiones se publíquen en la Gaceta de Gobierno para que entren en vigor.
Una vez que esto ocurra, el Congreso deberá determinar las liquidaciones para más de 200 empleados, incluidos los comisionados, y definir si se recontratará alguno, todo ello con recursos del presupuesto anual, sin usar fondos adicionales.
"Dado que estamos en receso, participa una Permanente, pero estos asuntos tienen prioridad y deben abordarse en sesiones plenarias. Son temas que requieren un análisis profundo y discusión en conjunto con todo el Congreso", concluyó Camacho.
