El Congreso del Estado de México trabaja en una propuesta para incluir en la Constitución local la prohibición de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y drogas sintéticas, como el fentanilo, con el objetivo de proteger de manera expresa el derecho a la salud de los ciudadanos.
La iniciativa, presentada por la diputada Elena García Martínez, del grupo parlamentario de Morena, propone añadir un párrafo al artículo 5 del marco constitucional estatal. Esta modificación buscará facilitar la creación de leyes secundarias y otorgar al Legislativo y al Ejecutivo la facultad de implementar políticas públicas y sanciones más severas en materia de drogas y productos relacionados.
Es importante destacar que la prohibición de estos productos ya existe a nivel estatal desde 2020 y a nivel federal desde 2022, siendo elevada a rango constitucional en enero de 2025. La propuesta del Congreso del Estado de México no busca prohibir nuevamente, sino incorporar formalmente en la Constitución local esa restricción y ampliar su alcance, incluyendo específicamente las drogas sintéticas y, en particular, el peligrosísimo fentanilo.
Durante su exposición, la diputada García Martínez explicó que la ley buscará sancionar todas las actividades vinculadas con los vapeadores, incluyendo su producción, distribución, enajenación y el uso ilícito de sustancias como el fentanilo y otros precursores químicos peligrosos. Además, se propone prohibir expresamente la profesión, industria, comercio o trabajo relacionado con estas actividades, lo que otorgaría al Estado de México la facultad de restringir desde su origen la comercialización y el consumo de estos productos.
La legisladora resaltó que los vapeadores, promocionados como alternativas al cigarro tradicional, contienen nicotina, saborizantes y otras sustancias no reguladas que pueden generar adicción en niños y jóvenes, y además, sirven como puerta de entrada a sustancias más peligrosas.
El documento señala que el consumo sostenido de estos productos no solo afecta la salud individual, sino que también tiene repercusiones en el ámbito familiar, social y en la seguridad pública, debido a la proliferación de comercio ilegal y dependencias químicas.
Un aspecto central de la propuesta es la creciente presencia de fentanilo y otros precursores en el país, evidenciada por decomisos masivos por parte de las autoridades federales y estatales. Estas sustancias, altamente adictivas y letales, representan un grave riesgo, especialmente cuando se mezclan o se distribuyen en dispositivos no regulados, aumentando así su peligrosidad.
La iniciativa advierte que estos delitos y el consumo de drogas sintéticas amenazan la salud, la seguridad pública y la cohesión social, por lo que el Estado debe actuar con énfasis en la prevención y el castigo de estas conductas.
Dado que la propuesta contempla una adecuación constitucional derivada de una reforma federal, se establece un plazo de un año para que las instancias locales armonicen su normativa. Además, se fija un plazo de 180 días para que la Legislatura mexiquense dicte las leyes secundarias que definan con mayor detalle las conductas prohibidas y las sanciones correspondientes.
