El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa para tipificar la usura como un delito autónomo, en respuesta al aumento de prácticas abusivas asociadas a los préstamos informales, comúnmente conocidos como ‘gota a gota’. La propuesta, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, busca modificar el Código Penal estatal, sin alterar las sanciones existentes, pero ampliando las circunstancias en las que se configura este delito.
Martínez Vargas explicó que, actualmente, la usura se regula únicamente como una modalidad del delito de fraude en el artículo 306, fracción IX, lo que dificulta su judicialización y protección a las víctimas. La propuesta contempla derogar dicha fracción y crear un capítulo exclusivo, denominado 'De la Usura', con un nuevo artículo, el 307 Ter, que sancione directamente estas prácticas.
Las sanciones, explicó el legislador, serían equivalentes a las del fraude, con penas que podrían llegar hasta los 12 años de prisión en casos donde se demuestren agravantes, como la vulnerabilidad de la víctima a causa de su condición social o económica.
De acuerdo con la iniciativa, cometerá el delito quien, con o sin simulación, ofrezca préstamos cobrando intereses que sobrepasen las tasas permitidas por el Banco de México o las condiciones usuales del mercado formal, aprovechándose de la ignorancia, necesidad o inexperiencia de las personas para obtener ventajas usurarias.
El diputado alertó sobre el incremento del esquema conocido como ‘gota a gota’, en el cual prestamistas, en su mayoría colombianos, ofrecen dinero a cambio de pagos semanales que pueden triplicar el monto original. En algunos casos, las víctimas pierden sus bienes, enfrentan amenazas y hasta violencia familiar.
Martínez Vargas denunció que estos préstamos operan a plena luz del día en espacios públicos, con tarjetas de cobro semanales, y con sospechas de complicidad con autoridades, sindicatos y estructuras criminales. La pobreza y marginación en el Estado de México empujan a muchas familias a recurrir a este tipo de crédito informal, en especial mujeres jefas de familia, adultos mayores, indígenas y comunidades en extrema pobreza.
El legislador afirmó que la usura debe ser reconocida como un delito autónomo para combatir el abuso económico que perpetúa la vulnerabilidad social y el sobreendeudamiento. La propuesta busca no solo sancionar estas prácticas, sino también fortalecer el acceso a créditos legales y desalentar la operación de prestamistas lucrativos con la situación de las personas más necesitadas.
