¿Te imaginas que en el Estado de México estaban a punto de aprobar cambios que afectarían a miles? La realidad es que, en una acción decisiva, los congresistas mexiquenses lograron frenar propuestas polémicas que generaron inquietud entre la ciudadanía.
Todo ocurrió durante la sesión del 3 de diciembre de 2025 en Toluca, cuando los legisladores y el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez decidieron retirar del Paquete Fiscal 2026 dos medidas clave: el incremento en los años de servicio para la jubilación del personal del ISSEMyM y el cobro del 2 por ciento al transporte de carga por el uso de la infraestructura vial del Estado de México.
¿Pero qué motivó este giro? El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, confirmó que ambos temas serían eliminados para evitar malentendidos y desinformación que podrían generar sobre la situación fiscal del Estado y las implicaciones para los trabajadores y transportistas.
Durante la reunión, se discutió además un amplio espectro de ajustes en áreas prioritarias: fortalecimiento del ISSEMyM, atención a grupos vulnerables, municipios, medio ambiente, sector forestal, campo, seguridad pública, agua, salud, pueblos indígenas, deporte y desarrollo urbano. La intención era fortalecer estos sectores sin afectar derechos adquiridos.
El diputado Osvaldo Cortés Contreras, de Morena, propuso en su intervención una revisión profunda del modelo de jubilaciones del ISSEMyM y que el cobro al transporte pesado se analice en una etapa futura, tras una reforma integral. ¿Qué respondió el secretario de Finanzas? Que existe la posibilidad de revisar el estado de las vialidades y, en su momento, analizar nuevamente la recaudación del 2 por ciento.
Respecto al sistema de pensiones, el Gobierno del Estado decidió poner en pausa el tema y seguir trabajando en una reforma estructural que garantice la sostenibilidad y equidad para los jubilados.
Es importante recordar que la iniciativa previa enviada por el Ejecutivo proponía que la pensión por jubilación se otorgara a quienes acreditaran 35 años de servicio y tuvieran 65 años de edad—un aumento respecto a los 62 actuales—, con un esquema gradual: 63 años en 2027, 64 en 2028 y 65 en 2029.
En cuanto al cobro por el transporte de carga, la propuesta inicial señalaba una aportación del 2 por ciento para mitigar el desgaste en la infraestructura vial, estimando recaudar 300 millones de pesos para su conservación.
Antes de comenzar la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, adelantó que Morena respaldaría esas propuestas, pero al final, los acuerdos y análisis demostraron una postura de prudencia y responsabilidad.
Diversas legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos, como Octavio Martínez Vargas (Morena), Sara Alicia Ramírez (PT), Alejandra Figueroa Adame, Honoria Arellano Ocampo (PVEM), Anuar Azar Figueroa (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC), participaron en la discusión, dejando claro que en el Estado de México, los cambios se abordarán con responsabilidad y garantizando el bienestar de la ciudadanía.
