TOLUCA, Estado de México, 3 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos fundamentales, el Congreso mexiquense aprobó la incorporación de diversos programas sociales a la Constitución del Estado de México. Entre las medidas, se contempla otorgar pensiones a personas con discapacidad, mayores de edad y mujeres en situación de vulnerabilidad; garantizar el acceso a viviendas dignas; y establecer un salario justo y estable para trabajadores del campo y pescadores.
Las reformas, impulsadas por las iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fueron presentadas por diputados del grupo parlamentario de Morena, así como del PRI y de Movimiento Ciudadano. Los cambios constitucionales buscan que el Estado promueva políticas de desarrollo social inclusivas, que mejoren el bienestar, la calidad de vida, y que eliminen prácticas discriminatorias que limiten derechos sociales y la dignidad humana en la entidad.
Entre las principales modificaciones, se establece que el Estado garantizará el derecho a una pensión no contributiva, es decir, sin necesidad de haber trabajado o cotizado previamente, para personas con discapacidad permanente menores de 65 años y para mayores de esa edad mediante la pensión para personas adultas mayores.
Asimismo, se ordena la entrega de apoyos económicos periódicos a mujeres en condición de vulnerabilidad que habiten en el territorio estatal. La ley también reafirma que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y acessible, y que el Estado proporcionará progresivamente los recursos necesarios para alcanzarlo.
En materia laboral, se asegurará un salario justo y estable para trabajadores del campo dedicados al cultivo de árboles frutales, maderables y especies que requieran procesamiento, además de apoyos anuales directos y fertilizantes gratuitos para productores de pequeña escala, así como apoyo puntual para pescadores de pequeña escala.
Otros puntos clave de la reforma incluyen la asignación de recursos presupuestarios anuales suficientes y oportunos, siguiendo el principio de progresividad y sin reducir el monto en términos reales respecto al ejercicio anterior. Finalmente, se incorpora formalmente en la Constitución local el concepto de desarrollo social en el artículo 5, garantizando no solo el acceso, sino también el ejercicio activo de los derechos sociales y de la dignidad humana.
