Ante el incremento en denuncias por despojo de inmuebles, en el Congreso mexiquense se analizan tres iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y MC, así como un punto de acuerdo del PRI. En comisiones, los legisladores han coincidido en la urgencia de proteger los bienes patrimoniales de la población.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, informó que ya trabajan en propuestas para fortalecer los mecanismos legales de defensa de la propiedad y subrayó la importancia de que la ciudadanía tenga sus documentos en regla para poder denunciar estos ilícitos.
Vázquez recordó que el despojo ya está tipificado en el Código Penal, con penas de uno a cinco años de cárcel y multas de 30 a 125 días, pero debido al aumento en los casos, es necesario mejorar el marco legal, facilitar la denuncia y garantizar sanciones eficaces. Además, señaló que las propuestas podrían analizarse en un periodo extraordinario, pues existe consenso entre la mayoría de los grupos parlamentarios en que es un tema prioritario.
Entre las iniciativas en evaluación destaca la del morenista Octavio Martínez Vargas, quien propone que el despojo sea considerado un delito grave, con penas de cinco a 10 años de prisión en casos que involucren violencia física, el uso de fuerza o intimidación, especialmente cuando se cometa contra personas adultas mayores, aprovechando su ausencia, mediante engaños, abuso de confianza, o uso ilegítimo de la fuerza pública sin orden judicial o con documentos falsificados. También contempla acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de la propiedad en casos en que el denunciante acredite la posesión legítima.
Por su parte, José Miguel Gutiérrez Morales, también de Morena, propone elevar a delito grave el despojo, sin importar si existe disputa sobre el derecho de posesión, y sancionarlo con hasta 17 años de cárcel y una multa de 678,840 pesos en casos de invasiones dirigidas o con participación intelectual. Sus propuestas incluyen ampliar los supuestos jurídicos, como el uso ilegal de aguas, desvío o ejercicio de dominio que afecte derechos de terceros.
Desde MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes propuso penas de hasta 25 años de prisión y multas de 500 días, considerando agravantes en ocupaciones de inmuebles destinados a vivienda o agricultura, en particular cuando involucren a adultos mayores, mujeres, indígenas o personas vulnerables. También plantea sanciones para servidores públicos que instiguen estos actos y para quienes actúen en banda, además de aumentar las penas en áreas declaradas protegidas por decreto estatal.
En cuanto a puntos de acuerdo, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) solicitó al Congreso que exhorte a la Secretaría de Seguridad estatal a implementar una estrategia interinstitucional en coordinación con los gobiernos federal y municipales, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de despojo, especialmente en el Valle de México. La estrategia incluiría campañas informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia, capacitación policial y la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para atención y judicialización de los casos.