El Consejo de Estado en Colombia decidió suspender de manera provisional el decreto que estableció un aumento del 23% en el salario mínimo legal vigente para 2026. La suspensión se basó en que el Gobierno de Gustavo Petro sustituyó los criterios técnicos obligatorios, como la inflación y la productividad, por conceptos no autorizados como el 'salario vital familiar' y la 'brecha de suficiencia material'. La decisión del tribunal indica que estos parámetros no pueden reemplazar los indicadores establecidos por la Ley 278 de 1996 y que la motivación del decreto fue inadecuada, ya que el aumento propuesto cuadruplica la inflación actual y supera varias veces los niveles de productividad.
Para evitar un vacío legal, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno nacional emitir un decreto transitorio que respete los criterios técnicos establecidos por la ley. Hasta que este nuevo decreto entre en vigor, las empresas deben mantener los pagos salariales conforme al monto previo, es decir, sin aplicar el aumento del 23%. La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip Central) llamó a la calma y recomendó a las empresas no realizar ajustes salariales ni modificar las nóminas hasta la expedición de la nueva regulación, señalando que el Consejo de Estado otorgó un plazo de ocho días para que el Gobierno defina un incremento transitorio.
A través de un comunicado dirigido al sector empresarial, la organización recordó que los ajustes salariales sólo podrán hacerse una vez que se publique el nuevo decreto y que los pagos realizados antes de esa fecha no generarán devolución ni retroactivos. Asimismo, sugirió a las empresas revisar sus contratos laborales para ajustar futuros incrementos de acuerdo con las disposiciones que emita el decreto correspondiente.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró que el aumento del 23%, aprobado por el decreto 1469 de 2025, sigue vigente desde el 1 de enero de 2026 y que su cumplimiento será supervisado por inspectores del Ministerio. Sanguino afirmó que el salario vital es obligatorio y que las autoridades vigilarán que todas las entidades cumplan con los pagos, incluyendo la próxima quincena del 15 de febrero, respetando el incremento establecido. El funcionario enfatizó que las acciones de control buscarán garantizar el respeto a los derechos laborales y evitar sanciones por incumplimiento en el pago del salario mínimo.
