La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) alertó este martes que la inversión pública en infraestructura en México es insuficiente y debe duplicarse, ante la necesidad de afrontar los retos que impondrá la Copa del Mundo de Fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, señaló en conferencia de prensa que, aunque la inversión en obra pública se encuentra en torno al 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), sería necesario elevarla por lo menos al cuatro por ciento para atender las necesidades del país. "Lo hemos dicho, se requiere prácticamente el doble; en años recientes, se invertía hasta el cuatro por ciento del PIB, hoy estamos en 2.5 por ciento", afirmó. Méndez Jaled consideró que un presupuesto de un billón de pesos sería adecuado para infraestructura de cara al Paquete Económico para 2026, pero reconoció que es improbable que esto ocurra. Mencionó que en países como Chile y Colombia, el impulso a la infraestructura ha estado ligado a planes de inversión de largo plazo. La situación actual se refleja en un sector que acumula 14 meses consecutivos de retrocesos, con pérdidas estimadas entre ocho y 12 por ciento, y en una disminución del empleo en una industria que aporta el siete por ciento del PIB nacional y genera aproximadamente 4.7 millones de empleos. La CMIC resaltó que la Copa del Mundo 2026 representa una oportunidad para activar proyectos, pero también un gran reto debido a la falta de preparación en infraestructura urbana. Entre los principales riesgos destacan el déficit en alcantarillado, la necesidad de modernizar la movilidad y las deficiencias en infraestructura turística en sedes como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El líder de los constructores anunció reuniones próximas con gobernadores de los estados sedes y la organización de un congreso sobre infraestructura turística, con el fin de coordinar esfuerzos con las autoridades estatales. La Cámara reafirmó su disposición a colaborar con el Gobierno para establecer mecanismos de inversión que combinen recursos públicos y privados, bajo un marco de certidumbre jurídica y aprovechando nuevas tecnologías.
