¿Alguna vez te imaginaste que una asociación de consumidores podría estar financiando un negocio privado con fondos públicos? La situación de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex) te dejará con la boca abierta.
Todo comenzó cuando el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) descubrió irregularidades en el uso de una subvención de 60,000 euros otorgada a Acuex. La administración encontró que la asociación compartía sedes y teléfonos con el despacho de abogados dirigido por su presidente, José Miguel Campos Parra, quien también es director de Derecho Abogados con sedes en Cáceres y Alcuéscar.
¿Y qué hallaron? La denuncia, que salió a la luz gracias a Facua Consumidores, reveló que Acuex estaba utilizando los recursos públicos para financiar actividades privadas relacionadas con el despacho de abogados del propio Campos Parra. Incluso, en su página web, promovían los servicios de Derecho Abogados, lo cual generó sospechas de un conflicto de intereses.
¿La respuesta de la autoridad? El Incoex ordenó la devolución íntegra del dinero, asegurando que la subvención se usó indebidamente. La organización también fue sancionada, y Facua solicitó que fuera expulsada de órganos de representación como el Consejo Extremeño de Consumidores y el Registro de Asociaciones, debido a sus vínculos empresariales.
Y aquí no termina la polémica. Según Facua, Campos Parra amenazó con llevar a la asociación y a quienes divulgaran estos hechos a los tribunales, advirtiendo que interpondría acciones penales y civiles por publicar información sobre la irregularidad.
La propia Facua contactó a Campos Parra para confirmar si era él quien estaba en la asociación que devolvió los fondos en 2024 por usar la subvención para fines privados. La respuesta, enviada el 28 de octubre, fue que cualquier acusación sin base legal “podría constituir una difusión de información falsa” y que divulgar esas denuncias podría vulnerar su honor y derechos.
¿Este caso revela una posible utilización de fondos públicos para fines privados y una lucha por ocultarlo? Solo el tiempo dirá cómo se resuelve esta controversia, pero lo que está claro es que en Extremadura, la transparencia y la legalidad están en el centro del debate.
