Agostina Páez, la ciudadana argentina que fue detenida en Río de Janeiro el pasado viernes por presuntas injurias raciales, permanecerá retenida en Brasil por tiempo indefinido con uso de tobillera electrónica, tras la decisión provisional de la Justicia local, que revocó su prisión domiciliaria. La joven, de 29 años, fue arrestada apenas unas horas después de que las autoridades brasileñas solicitaran su detención, en respuesta a una denuncia por conductas racistas en un restaurante de Río de Janeiro, donde habría realizado comentarios y gestos discriminatorios hacia empleados del establecimiento.
El arresto ocurrió en medio de una investigación que lleva más de 15 días y en la que Páez ha cumplido con las medidas cautelares impuestas. Sus abogados argumentaron ante la Justicia que no existen riesgos procesales y que la joven ha demostrado no tener intención de fugarse, por lo cual solicitan que pueda continuar su proceso desde Argentina. Sin embargo, un recurso de hábeas corpus presentado la semana pasada fue rechazado.
El delito de injuria racial, contemplado en la legislación brasileña y penado con de dos a cinco años de prisión, no permite beneficios de libertad bajo fianza. La causa fue asignada al juez Orlando Eliazaro Feitosa, de la Justicia de Río de Janeiro, quien deberá decidir los próximos pasos del proceso.
Aunque la Embajada Argentina en Brasil ofreció asistencia legal, aclaró que no intervendrá en el trámite judicial. La decisión de mantenerla arrestada sorprendió a Páez, quien, tras enterarse del pedido de prisión preventiva el jueves, llamó llorando a su abogado en busca de apoyo.
Su entorno cercano considera que la medida es desproporcionada y se cuestionan por qué no la arrestaron desde un inicio, cuando podrían haber alegado peligro de fuga. El abogado de Páez sostiene que el caso responde a una percepción cultural particular en Brasil y que probablemente esté siendo utilizado como ejemplo para reforzar la percepción del racismo en la sociedad brasileña.
El defensor añadió que Páez cumple con todas las medidas impuestas, incluyendo la tobillera electrónica, y que no representa un peligro procesal. Resaltó además que si en los primeros días no intentó salir del país, no hay razones para que ahora su situación legal se agrave, lo que podría implicar una violación a sus derechos internacionales.
