La Contraloría General de la República advirtió que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no ha proporcionado información clara acerca del destino de los 2,6 billones de pesos disponibles en su presupuesto para atender emergencias, incluyendo la crisis invernal que afecta a Córdoba y otras regiones del país. La entidad dio un plazo hasta el viernes 20 de febrero para que la Ungrd explique detalladamente el uso y la disponibilidad de estos recursos. En una reunión con funcionarios técnicos de la unidad, el contralor Carlos Hernán Rodríguez indicó que la información recibida no fue suficiente para determinar el destino de los fondos.
Rodríguez resaltó que la Contraloría ha advertido sobre la necesidad de una ejecución transparente del gasto y de definir con precisión qué recursos están comprometidos versus los disponibles para respuesta inmediata. La discusión sobre fondos para Córdoba aumentó tras el llamado del presidente Gustavo Petro, quien solicitó garantizar la correcta gestión de los recursos públicos para emergencias. La Contraloría aclaró que no busca transferir fondos de otras crisis, sino identificar partidas ya disponibles en el presupuesto aprobado.
El contralor explicó que los aproximadamente 2.6 billones de pesos en el presupuesto general de la Ungrd requieren una revisión exhaustiva para verificar su estado real. Además, hizo un llamado a realizar un análisis minucioso de los recursos comprometidos, para facilitar una respuesta rápida y efectiva ante la emergencia.
Rodríguez reiteró que la gestión del riesgo debe centrarse en la prevención, no solo en la respuesta a desastres, destacando que las inundaciones son recurrentes y deben ser anticipadas mediante una planificación adecuada. Además, afirmó que la función del control fiscal es preventiva y de supervisión posterior, sin administrar recursos directamente, pero con capacidad de alertar sobre irregularidades y abrir procesos de responsabilidad fiscal.
El funcionario alertó que la opacidad en la entrega de información dificulta las auditorías y el control de los recursos públicos. En medio del debate sobre el manejo de fondos, la Contraloría también cuestiona la viabilidad de usar recursos del Sistema General de Regalías en lugar de declarar una emergencia económica, señalando que, a pesar del volumen de estos recursos, su impacto en reducir las brechas sociales ha sido limitado.
Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach, activó un plan humanitario para atender a las comunidades afectadas en Córdoba. La institución envió ayudas y coordinó acciones para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica, la infraestructura y garantizar condiciones de seguridad en las próximas elecciones en las zonas afectadas. Eljach advirtió sobre los riesgos sanitarios derivados de la acumulación de material orgánico y bacterias tras las inundaciones, resaltando la necesidad de prevenir problemas de salud.
Por último, la Procuraduría anunció que supervisará la organización de procesos electorales en las zonas afectadas, para asegurar la transparencia y protección de derechos de electores y candidatos.
